La oposición venezolana cedió este miércoles a la exigencia del oficialismo de separar del cargo a tres de sus diputados, resignando temporalmente su supermayoría en el Parlamento, una primera señal de distensión en la crisis institucional que vive el país.
En sesión ordinaria, la mayoría opositora aceptó el pedido de los tres legisladores de ser desvinculados, acorralada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró el lunes nulos los actos de la Asamblea mientras siguieran dentro esos diputados.
“En el trance de quebrarse o doblarse, más valía esto que hicieron los diputados para preservar la institución (…) A veces son necesarias treguas, porque hay que sacrificar partes para salvar el todo“, dijo el presidente legislativo, Henry Ramos Allup, moderando el tono desafiante que mantuvo desde que se instaló la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero.
Ramos Allup consideró que, ante la posibilidad de que la cámara quedara “trabada”, la oposición debió dar marcha atrás y “acatar” un fallo del TSJ que en diciembre suspendió provisionalmente la elección del estado Amazonas -donde ganaron esos tres opositores y un chavista- impugnados por el oficialismo por presunto fraude.
“Tuvo que recular la directiva, asume la competencia del TSJ. Nos da satisfacción y tranquilidad, en un nuevo round se impuso la minoría, que se va a imponer cada vez que tenga la razón”, declaró el diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo.
Crítica del gobierno, la Iglesia católica consideró este miércoles “moralmente inaceptable” desconocer el resultado de las elecciones del 6 de diciembre, en las que, afirmó, “el pueblo expresó su voluntad de no vivir en un sistema totalitario”.
La decisión ocurre dos días antes de que venza el plazo para que el presidente Nicolás Maduro presente su informe anual de labores ante el Parlamento. Ya el gobierno había iniciado consultas en el TSJ para saber si podía hacerlo ante el Poder Judicial, si el Legislativo seguía “en desacato”.
“Vamos a garantizar que se le escuche con respeto (…) No nos interesa ninguna guerra ni ninguna confrontación”, dijo Ramos Allup, un veterano político considerado de los más radicales antichavistas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Maduro prevé presentar un decreto de emergencia para encarar la grave crisis económica, reflejada en una inflación superior al 200% según cálculos privados y una severa escasez de productos básicos que provoca largas filas en los supermercados.
¿Después de ese decreto de emergencia qué va a pasar? Nada, porque es un modelo fracasado”, previó Ramos Allup. El gobierno afirma que la oposición busca imponer un modelo neoliberal.
Controversias y divisiones
Para el analista Luis Vicente León, la MUD adoptó una estrategia “pragmática para no paralizarse”: “El gobierno tiene la ventaja de su control sobre el TSJ y disposición a usarlo sin barreras. El poder de la Asamblea se construirá desde el desempeño”.
Apenas se instaló la Asamblea, Ramos Allup anunció que la MUD buscará en un máximo de seis meses una vía para cambiar al gobierno y aprobará una amnistía para presos políticos y reformas económicas. Indignando a los chavistas, retiró todos los retratos de Hugo Chávez del parlamento.
Sin tres diputados, la MUD perdería temporalmente la mayoría calificada de dos tercios (112 de 167 curules) que ganó en los comicios y le daba amplio poder.
Pero otra controversia se avecina: la coalición opositora asegura que mantiene la mayoría de dos tercios porque debe calcularse sobre 163 escaños (restando los impugnados); mientras que el chavismo sostiene que se lo debe hacer sobre la totalidad de 167.
Nuevamente quien dirima esta y futuras disputas entre Legislativo y Ejecutivo será el poderoso TSJ, 34 de cuyos magistrados -13 titulares y 21 suplentes- nombró la entonces mayoría chavista días antes de entregar el Parlamento.
Más allá de la estrategia oficialista, la MUD tiene también el reto de vencer sus divisiones: el ala radical, encabezada por el encarcelado Leopoldo López, busca sacar a Maduro del poder y el ala moderada, liderada por el excandidato presidencial Henrique Capriles, prioriza la crisis económica.
El politólogo Ricardo Sucre sostiene que el enfrentamiento debe derivar en una relación que, aunque “conflictiva”, evite paralizar el país.
En una muestra de acercamiento, Ramos Allup conversó el martes brevemente con la diputada Cilia Flores, esposa de Maduro, y otros legisladores oficialistas, y desde el lunes ha hablado varias veces por teléfono con el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz.
Pero la crisis está lejos de ser superada. El presidente ha dicho que la oposición sólo busca derrocarlo con un “golpe parlamentario”, mientras que la oposición cree, según Ramos Allup, que “la crisis no es superable con este gobierno”.