El ministro del Interior, Jorge Burgos, participó del Comité Político que se convocó de forma extraordinaria este domingo. Momentos antes de reunirse con los demás jefes de carteras, se refirió a los distintos puntos que están analizando para llevar a cabo la gratuidad en la educación superior el 2016, luego que el Tribunal Constitucional (TC) la declarara “discriminatoria y arbitraria”.

La autoridad de Gobierno dijo que lo importante es que la mayor cantidad de estudiantes puedan acceder a este beneficio, pero que primero deben abordar cómo van a implementar la gratuidad para no pasar a llevar el fallo del TC.

Consultado por el “Plan B”, el ministro dijo que se están manejando “distintas alternativas, que son las que se están discutiendo y analizando. Obviamente esas alternativas tiene que ser llevadas a la Presidenta de La República”.

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Burgos, a pesar de dar a conocer que barajan algunas opciones, indicó que no entraría en detalle, ya que hay elementos que deben ser aportados por el ministro de Hacienda y la ministra de Educación, para así poder informar a Michelle Bachelet sobre cuál es la mejor forma de aplicar la glosa e incluir a la mayor cantidad de estudiantes.

En cuanto a las becas, la autoridad señaló que “no quisiera afirmar nada, pero en momentos como este no hay cosas que descartar”.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, indicó que las opciones para aplicar la gratuidad se presentarán la mañana de este lunes a la Presidenta, añadiendo que “vamos a ver todas las alternativas” para las becas.

En tanto, Burgos dijo que “no sería bueno descartar con rigor lo que queda vigente de la glosa y los efectos que están vigente a partir de los contornos del fallo, del fallo que vamos a conocer y buscar alternativas jurídicas que no pasen de las discusiones legales, ni tampoco sobre el fallo para los efectos que el universo de personas sea lo más parecido a la pretensión original del tema”.

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Tras conocer el fallo del TC la Presidenta dijo que “pueden tener la seguridad que desde marzo 2016 más de 200 mil familias van a dejar de pagar por la educación superior de sus hijos e hijas”.

El Gobierno enfrenta un complejo escenario, ya que varios puntos se determinarán cuando se conozca el fallo de forma completa el 21 de diciembre.

Además La Moneda y el Ministerio de Educación tendrán poco margen de acción, ya que cuentan con el tiempo para resolver este problema antes que se conozcan los resultados de la PSU y comiencen las postulaciones de los futuros estudiantes de educación superior.

Ante esta situación el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, indicó que “antes de que el proceso de postulación se realice el próximo 27 de diciembre vamos a dar a conocer con precisión las instituciones que tendrán gratuidad el próximo año“.

Ministros refuerzan gratuidad

Mientras el Comité político y la ministra Delpiano buscan cumplir con la promesa de la presidenta Bachelet, que todo indica estará lejos de llegar con el beneficio a las 200 mil familias, el resto del gabinete coordinadamente reforzó el discurso contra la oposición.

El jefe de la cartera de Economía, Luis Felipe Céspedes, lamentó la decisión del Tribunal Constitucional y aseguró que el Gobierno acatará el fallo pese a la resolución adversa.

A pesar que el Congreso aprobó la gratuidad, para el ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza, no es razonable que el TC fuerce la voluntad democrática del parlamento.

La ministra del Sernam, Claudia Pascual, indicó que es lamentable la resolución del Tribunal y señaló que apoyarán a la Presidenta para cumplir con este programa de Gobierno.

Complejo escenario para el Gobierno, ya que ahora deberá poner urgencia para enfrentar la situación, tal como sucedió luego del discurso del 21 de mayo de Bachelet, quien decidió acelerar vía glosa presupuestaria la gratuidad para el 2016.

La discusión sobre el beneficio se ha tomado la contingencia, ya que también se está a la espera de las decisiones de la Presidenta, para conocer si es que se envía en diciembre el proyecto de ley de Educación Superior como lo pidió la mandataria, o se retrasa como lo solicitan los parlamentarios del oficialismo.

Tras el término del Comité Político los ministros se retiraron sin dar declaraciones.