El gobierno finalmente no defenderá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el fallo que condenó por sedición y traición a la patria al general Alberto Bachelet, padre de la presidenta Michelle Bachelet.

Así lo confirmó Jaime Madariaga, director de la división de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, quien aclaró la postura del Ejecutivo ante la resolución judicial que mantiene condenados a 14 ex oficiales y suboficiales.

La defensa del grupo recurrió a la Corte Suprema para revocar esta sentencia. Sin embargo, en diciembre de 2002 la sala penal del máximo tribunal, con el voto en contra del ministro Milton Juica, rechazó anular la sentencia, argumentando que el Código de Justicia Militar le impide revisar resoluciones de tribunales castrenses en tiempos de guerra.

En 2005, sin embargo, se realizó un cambio a la Constitución que facilita que la Corte Suprema pueda revisar esta clase de juicios. Pese a ello, en 2011 los ex uniformados fueron rechazados en su recurso tras un nuevo intento.

Al respecto, el diputado Hugo Gutiérrez manifestó su preocupación por el rol de la Corte Suprema en este juicio y anunció que pedirá formalmente información al Poder Judicial y a la Cancillería.

En tanto, el ministro de Justicia José Antonio Gómez, precisó que la presidenta se ha mantenido ajena en este proceso.

Por su parte, el ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, calificó como “ilegítimo” la acción en contra del ex general Bachelet, ya que, en su opinión, fue desarrollado en un consejo de guerra en dictadura que no cumplía con las normas básicas del debido proceso.

Cabe destacar que en el primer semestre de 2015 se fijaría la audiencia para los alegatos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.