El gobierno federal de México asumió el domingo la seguridad de 13 municipios después de detectar presuntos nexos de sus policías con el crimen organizado, en el marco de la investigación por los 43 estudiantes desaparecidos hace más de tres semanas.
Los jóvenes, cuyas familias peregrinaron este domingo a la Basílica de Guadalupe, están desaparecidos desde que la noche del 26 de septiembre fueron víctimas de ataques a tiros de policías de la ciudad de Iguala (Guerrero, sur) y sicarios del narcotráfico, que dejaron seis muertos.
Como ya se hizo con los cuerpos policiales de Iguala y la vecina Cocula, el gobierno federal retiró el domingo en bloque a los agentes de 12 municipios del estado de Guerrero, incluido el turístico Taxco, y los del vecino Ixtapan de la Sal (estado de México).
El comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, explicó que los agentes fueron desarmados y trasladados a una base militar, donde se les practicarán exámenes de control de confianza y se analizará si sus armas fueron usadas para cometer delitos.
“La policía federal, con apoyo del ejército, será la institución encargada de brindar la seguridad pública” a partir de ahora en esas localidades, afirmó Rubido, que no vinculó a esas policías con ningún acto criminal ni ningún grupo delincuencial en particular.
La colonial Taxco (105.000 habitantes), a 185 km de Ciudad de México, ha vivido varios episodios de violencia en los últimos años, el más grave de ellos el hallazgo de 55 cadáveres en un fosa clandestina en 2010.
- Padres rezan a Virgen de Guadalupe
Desesperados por saber la suerte de los desaparecidos, un grupo de padres y compañeros estudiantes peregrinaron este domingo hasta la basílica de la Virgen de Guadalupe en la capital mexicana.
Bajo una lluvia inclemente, la procesión arribó al santuario portando flores blancas, velas y grandes fotografías de sus hijos.
“Las madres te rogamos e imploramos que hagas que regresen con vida”, se leía en una gran pancarta con la imagen de la Virgen con la que entraron a la basílica.
Los fieles presentes recibieron con aplausos, abrazos y algunos con lágrimas en los ojos a los familiares.
“Los queremos vivos, los queremos vivos”, gritaron los padres, con el rostro triste y desgastado por la angustia, cuando el sacerdote les daba la bienvenida al templo.
Acompañándoles estaban también varios conocidos activistas mexicanos como el sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de los migrantes, y el poeta Javier Sicilia.
“La basílica y la Virgen de Guadalupe son el corazón de la espiritualidad del país”, subrayó a la AFP Sicilia, quien abandonó la poesía cuando su hijo Juan Francisco fue asesinado en 2011 y él mismo fundó el mayor movimiento de víctimas en México.
Los padres se vienen sumando a las protestas que casi a diario se convocan para exigir al gobierno que encuentre con vida a los jóvenes y que esclarezca este enigmático crimen, que ha conmocionado a México y al mundo.
El comisionado Rubido explicó que su gobierno ha solicitado la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que supervise las medidas de protección a las víctimas de este caso.
- Búsqueda por tierra, agua y aire
El gobierno ha desplegado en Iguala y sus alrededores a más de 900 elementos de la policía federal, de los cuales 300 están dedicados exclusivamente a encontrar a los estudiantes, además de 350 militares.
La búsqueda se ha extendido a ríos, lagunas y presas, donde buzos de la gendarmería se sumergen para inspeccionar, así como en minas y en numerosas cuevas que hay en las tupidas montañas de la sierra que rodea a Iguala, donde pobladores han denunciado que los criminales se esconden.
También se están haciendo sobrevuelos por esta región montañosa con 7 helicópteros y otras tres aeronaves de reconocimiento.
El día del ataque, estos 43 alumnos de una escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa (Guerrero) se habían desplazado a la cercana Iguala a recaudar fondos.
La fiscalía sospecha que policías de Iguala y Cocula entregaron a los estudiantes a sicarios del cártel local Guerreros Unidos después de las balaceras. Un total de 36 agentes de esas localidades están detenidos.
Desde la desaparición se han venido encontrando fosas clandestinas con cadáveres que son analizados para determinar si entre ellos hay estudiantes.
Las autoridades únicamente han asegurado por ahora que, de acuerdo con las pruebas de ADN, ninguno de los jóvenes estaba entre los primeros 28 cadáveres que se desenterraron.