El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, afirmó estar de acuerdo con el ministro de Justicia, quien afirmó que juntar a ex militares con presos comunes “puede ocasionar la muerte de alguno de ellos”, y que por ende, existe una obligación a segregar ambos tipos de reclusos. Mientras, el vocero de Gobierno, aseguró que los condenados por delitos de lesa humanidad o por delitos comunes, deben estar bajo las mismas condiciones.

En el Gobierno existen diferencias para abordar la decisión que aún no está determinada, respecto a cerrar el penal Punta Peuco y mezclar a los ex militares condenados por delitos de lesa humanidad con presos comunes en celdas de las mismas características.

Esto, a raíz del cierre definitivo del penal Cordillera que impulsó el ex presidente Sebastián Piñera y el traslado de esos reclusos a Punta Peuco. El debate tomó forma y en la actualidad hay dos miradas distintas, una que defiende la segregación, correspondiente al ministro de Justicia José Antonio Gómez, quien aseguró que juntar a ex militares con presos comunes “puede ocasionar la muerte de alguno de ellos”.

Mientras, el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, está a favor que todos los condenados cumplan sus penas en condiciones similares, independiente al tipo de delito.

Apreciación que se repite por parte del presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teiller, quien afirmó que es una buena opción dejar una galería exclusiva para ex militares dentro de las cárceles públicas.

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Oscar Benavides, manifestó que es necesaria la segregación de ambos tipos de reclusos, puesto que la edad de los ex militares condenados por delitos de lesa humanidad es avanzada y requieren un tipo de atención que no existe en las cárceles comunes.

En tanto, el timonel del MAS, senador Alejandro Navarro, afirmó que está a favor de no discriminar entre los presos, sin embargo, reconoció que si los ex militares cumplen su condena en centros penitenciarios comunes, el Gobierno no podría garantizar el bienestar de los reclusos.

En ese sentido, Navarro, aseguró que es mejor guardar este debate para los próximos años, puesto que a su juicio existe urgencia en otros temas en la cartera de Justicia.