El PDG de Franco Parisi ¿es una opción de futuro para Chile?

El panorama político chileno de los últimos años ha consolidado un fenómeno ineludible: la irrupción de las fuerzas que nacieron desafiando al “establishment”. En ese mapa, el Partido de la Gente (PDG) no es un actor menor.

Con una militancia que desafía en número a las tiendas tradicionales y una bancada parlamentaria clave para la gobernabilidad legislativa, la colectividad ha demostrado que el malestar ciudadano con la política tradicional tiene un canal de expresión real, pragmático y sumamente cotizado como fuerza bisagra.

La magnitud de este fenómeno no es solo perceptiva. Los datos del Servicio Electoral muestran que el PDG alcanzó rápidamente un número significativo de afiliados, llegando incluso a figurar entre los partidos con mayor cantidad de militantes del país en distintos momentos de su desarrollo. Este crecimiento acelerado ayuda a explicar por qué la colectividad logró convertirse en un actor relevante en el Congreso y en las negociaciones legislativas, pese a ser una fuerza política de creación reciente.

Al mismo tiempo, este crecimiento debe leerse en el contexto de una crisis de representación más amplia. Diversos estudios de opinión pública han mostrado una persistente desconfianza hacia los partidos políticos tradicionales y hacia las instituciones políticas en general. En ese escenario, el PDG logró capitalizar un electorado que buscaba una alternativa distinta a los bloques históricos.

Sin embargo, el crecimiento electoral y la relevancia estratégica contrastan de manera preocupante con su madurez orgánica interna. La historia del partido está marcada por una temprana diáspora de su “tríada” fundacional. La salida de figuras clave como Gino Lorenzini (motor analítico original) y Rodrigo Logan (su principal rostro en la arena constitucional) no fueron bajas menores; ambos terminaron con el tiempo refugiándose en el Partido Social Cristiano para poder competir como independientes tras chocar con la rigidez del Servel y con las dinámicas internas de la colectividad.

La salida de dirigentes fundacionales tuvo además un efecto simbólico, donde mostró que las tensiones internas no afectaban únicamente a militantes de base, sino también a figuras que habían contribuido a la construcción pública del proyecto. Cuando un partido pierde tempranamente a liderazgos visibles, la señal hacia el electorado es que la cohesión interna todavía está en proceso de consolidación.

A esto se suman las persistentes alertas en su gobernanza interna, basta ver las sucesivas renuncias en sus mesas directivas, la anulación de procesos electorales por parte de su propio Tribunal Supremo debido a vicios administrativos, y las constantes observaciones del Servicio Electoral respecto a sus balances financieros. Estos no son detalles menores, sino síntomas de un modelo que confunde la agilidad digital con la precariedad institucional.

La relevancia de estas observaciones radica en que los partidos políticos en Chile están sujetos a estándares legales de democracia interna, transparencia y rendición de cuentas. La Ley Nº 18.603 sobre partidos políticos establece obligaciones respecto de su organización, financiamiento y funcionamiento, precisamente porque los partidos cumplen una función pública en el sistema democrático.

Para comprender esta fragilidad, podemos recurrir a una analogía sencilla: un partido político debiera funcionar como una familia que construye un hogar duradero. En una familia bien constituida, existen reglas claras, los recursos se administran con transparencia para el bienestar de todos, y se fomenta que los hijos crezcan, tomen responsabilidades y se conviertan en pilares del hogar. Sin embargo, el modelo actual del PDG se asemeja más a una casa donde el padre toma todas las decisiones a la distancia, no rinde cuentas claras de los gastos comunes y apaga la luz cuando la discusión interna no le favorece.

Cuando los miembros fundadores o los liderazgos intermedios sienten que no tienen voz ni reglas claras en su propia mesa, terminan abandonando el hogar para buscar cobijo en otra parte. Un hogar no se sostiene solo con el carisma del jefe de hogar; requiere una estructura que dé seguridad y permanencia a todos sus integrantes.

La ciencia política ha mostrado que la fortaleza de un partido no depende únicamente de su capacidad para ganar elecciones. Samuel P. Huntington planteó que la institucionalización política se relaciona con la estabilidad de las reglas, la autonomía de la organización y la capacidad de trascender a sus líderes individuales. En el fondo aquí opera un principio tan antiguo como verídico contenido en la palabra del Señor: “Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio” (Proverbios 24:3). En esa perspectiva, un partido puede ser electoralmente exitoso y, al mismo tiempo, presentar debilidades en su propia consolidación orgánica.

Esta dinámica de control centralizado cobra un peso crítico cuando se proyecta a nivel nacional. Franco Parisi ha consolidado una indiscutible vigencia electoral, instalando al partido en la primera línea de la discusión presidencial. En la elección de 2021, Parisi obtuvo el tercer lugar en primera vuelta con un 12,8% de los votos válidamente emitidos, un resultado que evidenció una capacidad de apoyo significativa pese a realizar gran parte de su campaña desde el extranjero. Más allá del porcentaje exacto, el dato relevante es que logró instalarse como una opción competitiva fuera de los bloques tradicionales, pero el modelo de gestión con el que conduce su colectividad enciende Red Flags legítimas ante una eventual llegada a la Presidencia de la República.

En este escenario, una posibilidad intrigante, al menos en mi perspectiva (aunque de alta complejidad política), sería considerar la reincorporación de figuras que fueron pilares en su origen. El retorno de Gino Lorenzini y Rodrigo Logan al alero del PDG no solo recompondría parte de la tríada fundacional, sino que inyectaría nuevamente la capacidad técnica y el despliegue legal que la colectividad ha extrañado.

No obstante, este movimiento es un arma de doble filo, dado que si el partido sigue operando bajo una lógica de mando único, la vuelta de estos liderazgos solo replicaría las tensiones de poder que los alejaron en primer lugar. Por lo que la prueba de madurez no es simplemente reintegrar a quienes se fueron, sino ser capaces de crear un ecosistema donde la pluralidad de voces, incluso aquellas que cuestionan, tenga espacio real para coexistir sin que el proyecto se fracture. La gobernabilidad interna es, en última instancia, el ensayo general para la gobernabilidad de un país.

Y hablando de gobernanza, gobernar un país requiere un entramado institucional robusto, burocracias estables y un respeto irrestricto por las reglas del juego del Estado de Derecho. El riesgo de trasladar el actual diseño administrativo del PDG a La Moneda radica en la tentación de instalar una gestión personalista y desinstitucionalizada, donde las decisiones de Estado queden sujetas a la discrecionalidad de transmisiones en vivo o a plebiscitos digitales sin contrapesos reales ni verificaciones reales.

La preocupación por los liderazgos excesivamente personalistas no es meramente retórica. La literatura comparada sobre democracia y populismo ha advertido que, cuando la relación entre líder y ciudadanía se vuelve más directa que institucional, pueden debilitarse los partidos, los cuerpos intermedios y los mecanismos de control. Entonces el desafío no es la participación ciudadana en sí misma, sino que esa participación opere dentro de reglas estables y con contrapesos efectivos.

En ese sentido, la participación digital puede ser una herramienta valiosa para ampliar la deliberación ciudadana. No obstante, los procesos participativos requieren mecanismos de verificación, representatividad, trazabilidad y responsabilidad institucional. De lo contrario corren el riesgo de transformar consultas informales en decisiones con apariencia de legitimidad, pero sin las garantías propias de los procedimientos democráticos formales. Al igual que en la analogía, no se puede gobernar a una nación entera como si fuera una extensión de los asuntos personales de una sola persona o líder.

En sistemas presidenciales fragmentados como el chileno, la gobernabilidad depende menos de la capacidad de un líder para movilizar apoyo momentáneo y más de su capacidad para construir acuerdos sostenibles. Un proyecto político que aspire a gobernar debe demostrar que puede convivir con el Congreso, con los órganos autónomos, con la administración pública y con las reglas de control democrático.

El PDG tiene en sus manos una oportunidad de oro. Puede optar por seguir siendo una maquinaria electoral eficiente pero volátil, expuesta al desgaste de sus propias tensiones internas y fugas de talento. O puede elegir el camino de la maduración, construyendo una estructura sólida que proteja su propio proyecto. La crítica constructiva es, en este punto, un aporte de valor, Chile necesita alternativas viables, pero la viabilidad de un proyecto político se demuestra primero en casa, ordenando los balances, respetando la democracia interna y entendiendo que el clic del votante exige, al día siguiente, la seriedad de un Estado.