El fiscal adjunto de Puerto Montt, Sergio Coronado, presentó su renuncia al Ministerio Público esgrimiendo razones personales. Esto en medio de una doble investigación interna en su contra por una tortura a la cual habría sometido al testigo de un caso y por la eventual entrega de antecedentes falsos durante una audiencia.

La renuncia a la institución la presentó en la Fiscalía Regional de Los Lagos a través de una emotiva carta, en la cual argumenta haber cumplido un ciclo al interior del Ministerio Público durante nueve años, cinco de los cuales estuvo abocado a delitos violentos o de alta complejidad, provocándole esto un natural desgaste.

De hecho, el persecutor estuvo a cargo de casos emblemáticos, como el de José Huenante, joven mapuche de 16 años desaparecido desde el sector Mirasol de Puerto Montt en septiembre de 2005, considerado el primer detenido desaparecido tras la recuperación de la democracia.

En noviembre del 2010 comenzó la indagación del asesinato de Valeria Hernández Raín, una joven embarazada de 7 meses cuyo cuerpo fue encontrado sin vida al interior de un pozo en la localidad de Alerce; y luego, durante el año 2011, le tocó investigar el doble homicidio de una pareja de hermanos en las afueras de un bar en Puerto Montt, así como la enigmática desaparición de Mariela Barra Díaz desde el sector Senda Sur-La Vara.

Precisamente, en el contexto de este último caso, Sergio Coronado fue sancionado administrativamente con un porcentaje de su sueldo luego de incurrir en irregularidades durante el interrogatorio a Milton Hernández, el denominado testigo clave de la desaparición de la mujer, episodio tras el cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el jefe de estudios de la Defensoría Regional de Los Lagos, Jonathan Ramírez, interpusieron una denuncia por tortura, hecho que es investigado penalmente por el fiscal regional de Los Ríos, Rafael Mera, ante el eventual delito de apremios ilegítimos.

Finalmente, el pasado 19 de abril y durante un procedimiento simplificado en el Juzgado de Garantía de Puerto Mont, el fiscal habría entregado antecedentes que no estaban incluídos en la carpeta investigativa del caso, hecho por el se encontraba a la fecha suspendido de sus funciones y a la espera del resultado de una investigación administrativa.

Pese a que el fiscal regional, Marcos Emilfork, declinó referirse a la renuncia de Sergio Coronado, Radio Bío Bío pudo corroborar que pese al alejamiento del persecutor del Ministerio Público, ambas investigaciones, tanto la penal por el delito de apremios ilegítimos como la administrariva por la eventual entrega de antecedentes falsos, seguirán desarrollándose, pudiendo por los egundo ser sancionado con la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.