Por unanimidad, la Comisión de Superación de la Pobreza de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que entrega un bono extraordinario de $40.000 para las familias de menores ingresos, iniciativa que este miércoles debe ser votada por la Comisión de Hacienda antes de ser discutida en Sala.

El mensaje contempla también un incremento de $7.500 por cada menor de 18 años de edad y por cada persona inválida que sea parte del grupo familiar. El beneficio incluirá además a 300 mil familias de clase media vulnerable.

El diputado Patricio Melero (UDI), destacó la aprobación unánime de la iniciativa, “porque todos han entendido que este es un bono que va en ayuda de muchas familias chilenas, de los sectores más vulnerables, y que es una propuesta justa, seria e innovadora”.

Esto porque “por primera vez incorpora a la clase media, más de 300 mil chilenos y chilenas que van a recibir este bono de 40 mil pesos y cambia el eje de los bonos que habíamos visto anteriormente que se daban en tiempo de crisis, este es un bono que se da en tiempo de bonanza”, dijo el parlamentario.

El proyecto entrega un bono extraordinario de cargo fiscal, no imponible ni tributable, a quienes al 31 de diciembre de 2012, hayan percibido el subsidio familiar, la asignación familiar o la asignación maternal.

Además, se amplió el universo de beneficiarios de estos bonos, incorporando a aproximadamente 300.000 familias de clase media vulnerable que están inscritas en la asignación familiar, aunque ya no reciben pago porque su remuneración supera los $495.047, pero no excede mensualmente de 60 UF (aproximadamente, $1.400.000).

Sumados, los bonos beneficiarán a más de 2 millones de familias, alcanzando a más de 7 millones de chilenos, lo que representa más del 42% de nuestra población. El costo para el Estado chileno será cercano a los 200 millones de dólares, “que afortunadamente hoy día podemos financiar con responsabilidad”.

El gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley, durante el año 2013, se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público.