A días de la votación en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas del proyecto de Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público, conocida como “Ley Hinzpeter”, Amnistía Internacional y la Asociación Chilena de ONG Acción AG, lanzaron una campaña online de recolección de firmas en rechazo a esta iniciativa.

Según estos organismos, con su actual redacción, el proyecto podría vulnerar Derechos Humanos fundamentales establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile.

Las organizaciones convocantes han estado trabajando desde fines de 2011 para rechazar esta ley. La principal preocupación está en la norma que modifica el artículo 269 del Código Penal en lo relativo al delito de desórdenes públicos.

El texto legal, al no contemplar una definición clara de “desórdenes”, podría implicar que la misma pena de tres años se aplique a conductas muy disímiles, algunas de las cuales constituyen el ejercicio de Derechos Humanos, tales como el derecho a la libertad de reunión y de expresión, explicaron.

“Aun cuando el ejercicio del derecho de reunión pacífica pueda colisionar con otros derechos, por ejemplo, la libertad de circulación, esto debe resolverse de la manera que afecte en menor medida todos los derechos involucrados, en lugar de resolverse criminalizando estas acciones en todos los casos”, planteó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Acción, Alicia Sánchez, señaló que “esta ley busca criminalizar la protesta social y vulnera el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestarse públicamente. Una Ley como ésta limita nuestra democracia y no sintoniza con una ciudadanía que quiere abrir más canales de participación para que sus demandas sean escuchadas”.

Ambas organismos manifestaron finalmente que “es sabido que el Estado tiene el deber de resguardar el orden público y, por tanto, de detener a quienes cometen actos de violencia y vandalismo en el contexto de las manifestaciones. Sin embargo, ello debe hacerse en el marco del respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, si se llegase a aprobar este proyecto de ley, el Estado de Chile vulneraría ciertos derechos humanos fundamentales y estaría incumpliendo su obligación constitucional de alinear su legislación a tratados internacionales ratificados”.

La recolección de firmas se está llevando a cabo en la página web de Amnistía.