Dos usuarios de Twitter fueron acusados de “terrorismo y sabotaje” y encarcelados el miércoles en Veracruz (este de México) por generar sicosis en la población con mensajes sobre ataques del crimen organizado, lo que provocó protestas de ONG internacionales.

Se decidió que los twitteros Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola deben estar en prisión “por los delitos que había consignado el ministerio público, que fueron terrorismo y sabotaje”, dijo Ricardo Morales, secretario del juzgado tercero de primera instancia en Veracruz, a la AFP.

Gilberto Martínez (35, dedicado al periodismo) y Bravo Pagola (34, dedicada a la enseñanza) fueron detenidos el viernes en sus casas luego de que se generó una ola de pánico en la ciudad de Veracruz (Golfo de México) por mensajes difundidos en Twitter y Facebook sobre ataques del crimen organizado a escuelas.

Cientos de padres alarmados fueron a recoger a sus hijos a escuelas de diferentes zonas de la ciudad.

La policía cibernética detectó las cuentas y usuarios desde las cuales, con “toda la intención de causar daño y sembrar temor entre la población, se difunden versiones falsas de hechos violentos en Veracruz”, dijo de su lado la fiscalía en un comunicado el jueves pasado.

En conferencia de prensa el secretario de Gobierno de Veracruz, Gerardo Buganza, argumentó que algunos de mensajes decían: “Desde los helicópteros dispararon en contra de escuela 1ro de Mayo; se llevaron a cinco niños en la escuela Jorge Arroyo”.

“Alarmaron a la sociedad, sembrando terrorismo”, insistió Gerardo Buganza.

El juez determinó que los dos detenidos deben permanecer en la cárcel durante el juicio al que serán sometidos por terrorismo y sabotaje, cuya pena máxima es de 30 años.

Las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y Artículo 19 condenaron la medida y destacaron que ante inseguridad derivada del narcotráfico, que azota a gran parte de México, los rumores en redes sociales son intentos “de las personas por protegerse a sí mismas ya que existe muy poca información fidedigna”.

La imputación de esos cargos fue considerado “un exceso” por la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19.

Su detención “es el último intento de restringir la libertad de expresión en Veracruz. La crisis de seguridad pública en el estado ha severamente obstaculizado el libre flujo de información”, dijo en un comunicado Darío Ramírez, director de la oficina para México y Centroamérica de Articulo 19, cuya sede central está en Londres.

Ramírez recordó que en lo que va del año cuatro periodistas han sido asesinados en Veracruz.

AI emitió un comunicado en el que denunció el encarcelamiento y expone que ante el aumento de la violencia entre “diferentes cárteles que compiten por el control de la ciudad (…) los rumores que circulan por las redes sociales son parte del intento de las personas por protegerse a sí mismas ya que existe muy poca información fidedigna”.

El presidente Felipe Calderón “ha intentado combatir a los cárteles de la droga desplegando miles de policías federales y más de 50.000 efectivos militares y personal de la marina en las áreas más afectadas”, indicó AI.

Pero desde entonces “miembros de la policía y de otras fuerzas de seguridad, así como autoridades locales son frecuentemente sospechosos de corrupción y de estar coludidos con grupos criminales, creando un clima de impunidad e inseguridad para la población en las áreas afectadas”, añadió AI.

En los choques entre narcotraficantes, operativos o como víctimas colaterales, han muerto más de 41.000 personas dede el inicio de los operativos.

La organización con sede en Londres dijo que si bien la información que circuló en las redes “pudo no haber sido correcta”, la detención de Bravo y Martínez es “injusta y viola su derecho a la justicia y la libertad de expresión”.