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Per√ļ: Congreso aprueba ley de consulta previa a favor de pueblos ind√≠genas
Publicado por: Agencia AFP
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El Congreso de Per√ļ aprob√≥ por unanimidad la noche del martes la Ley de Consulta Previa que obliga a las empresas nacionales y extranjeras a contar con el permiso de las comunidades ind√≠genas u originarias para realizar labores extractivas en sus territorios.

La ley fue aprobada por 113 legisladores del Congreso unicameral peruano, de 130 miembros, sin abstenciones ni votos en contra, en una sesi√≥n p√ļblica del Parlamento.

La norma ser√° enviada al Ejecutivo para su promulgaci√≥n por el presidente Ollanta Humala, quien durante su campa√Īa electoral ofreci√≥ respaldarla.

El Congreso también aprobó derogar todas las leyes que se puedan oponer a la nueva.

La aprobaci√≥n de la consulta previa, que fue saludada con una salva de aplausos por los legisladores de todas las bancadas, permite a Per√ļ cumplir con el convenio 169 de la Organizaci√≥n Internacional del Trabajo, que el pa√≠s ratific√≥ en 1969.

Ese convenio exige que los pueblos indígenas sean consultados por los Estados sobre los temas que les conciernen, como el ingreso de empresas privadas a sus tierras para explotación minera, forestal o de hidrocarburos.

La falta de una legislación en favor de los indígenas fue el origen de graves enfrentamientos en junio de 2009 que dejaron 34 muertos -24 policías y 10 nativos- en la localidad amazónica de Bagua durante el anterior gobierno del conservador Alan García.

En esa ocasión los indígenas amazónicos protestaban contra leyes que permitían libremente el acceso a sus tierras de empresas mineras y petroleras.

Tras aprobarse la ley, el congresista Eduardo Nayap Kinin, un ind√≠gena de la etnia amaz√≥nica Awajun, calific√≥ el hecho como un “acontecimiento hist√≥rico” porque -seg√ļn dijo- evitar√° conflictos sociales y permitir√° defender el medio ambiente ante la actividad indiscriminada de las empresas extractivas.

En mayo del a√Īo pasado el Congreso hab√≠a aprobado la Ley de Consulta Previa, pero luego fue observada por el gobierno de Garc√≠a bajo el argumento de que abr√≠a las puertas a un derecho de veto.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo aclaró que las observaciones del anterior gobierno carecían de sustento jurídico.

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