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Corte de Iquique rechaza recurso de protección contra EIA de centrales Patache y Pacífico
Publicado por: Poder Judicial
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La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó tres recursos de protección presentados por recolectores de algas, un diputado Hugo Gutiérrez y el alcalde de la comuna de Huara en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, que evaluó favorablemente los estudios de impacto ambiental de dos centrales termoeléctricas.

En fallos un√°nimes, los ministros Erico Gatica, Pedro G√ľiza y la abogada integrante Mar√≠a Ang√©lica Veloso, desestimaron los recursos interpuestos por habitantes de las caletas Chanavaya y Chanavayita por el emplazamiento de las centrales termoel√©ctricas de Patache y Pac√≠fico, las que se ubicar√°n en el sector de Punta Patache.

En los tres fallos, los ministros determinan que no existe actuación arbitraria de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá al evaluar favorablemente ambos proyectos; además, los magistrados se hacen cargo de cada uno de los argumentos planteados en los libelos.

‚ÄúQue en cuanto a que la resoluci√≥n impugnada desatendi√≥ informes y pronunciamientos negativos emitidos por servicios p√ļblicos, que requieren otorgar permisos ambientales sectoriales (PAS), la propia resoluci√≥n certifica el cumplimiento de la normativa del proyecto, como tambi√©n da cuenta de haberse acompa√Īado los antecedentes necesarios para la ponderaci√≥n respectiva de los PAS involucrados, estableciendo que estos antecedentes son suficientes para asegurar los requisitos ambientales de cada uno de estos permisos, posibilitando un an√°lisis de la evaluaci√≥n de los componentes ambientales vinculados a los permisos ambientales sectoriales respectivos, sin que por otra parte, corresponda a esta Corte realizar un an√°lisis de √≠ndole t√©cnico de dichos componentes, pues ello excede claramente el √°mbito propio de esta acci√≥n cautelar‚ÄĚ, asegura el rol 247-2011 interpuesto por un grupo de algueros de las caletas de Chanavaya y Chanavayita.

En tanto, en el segundo fallo se afirma: ‚ÄúQue en cuanto al hecho que la resoluci√≥n invalidatoria N¬ļ 21/2010, no les fue debidamente notificada, y que por lo mismo se afectar√≠a todo el procedimiento posterior hasta arribar a la dictaci√≥n de la Resoluci√≥n Exenta N¬ļ 44, existen dos razones para desestimar tal argumento. En primer t√©rmino, porque de acuerdo a las normas de la Ley 19.300, s√≥lo cabe notificar a los terceros de la resoluci√≥n que se pronuncia sobre la calificaci√≥n ambiental de un proyecto, que no es el caso, por lo que s√≥lo cab√≠a notificar la resoluci√≥n invalidatoria al interesado, en este caso la empresa R√≠o Seco S.A., para la prosecuci√≥n del procedimiento, y asimismo, porque respecto de tal omisi√≥n ya existi√≥ un pronunciamiento judicial, reca√≠do en la causa rol N¬ļ 8305-2010, recurso de protecci√≥n tramitado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que aparece rechazado. Por lo dem√°s, a los terceros s√≥lo les asiste la facultad de reclamar de las resoluciones que se pronuncien favorablemente sobre una calificaci√≥n ambiental, pero no de aquellas que invalidan, como lo es la resoluci√≥n N¬į 21/2010‚ÄĚ, sostiene la resoluci√≥n ante acci√≥n presentada por otro grupo de habitantes de la misma zona.

Finalmente, ante el recurso interpuesto por el diputado Hugo Guti√©rrez y el alcalde de Huara, Carlos Silva Riquelme, se sostiene: ‚ÄúQue por otra parte, cabe se√Īalar que el recurso tambi√©n resulta improcedente, pues excede el √°mbito propio de su aplicaci√≥n, en consideraci√≥n a las peticiones formuladas en el libelo, y porque los presupuestos de hecho en que los recurrentes asientan sus pretensiones, am√©n de no haber sido detallados en el alegato del abogado que concurri√≥ a estrados, no constituyen situaciones que se encuentren determinadas de una manera fehaciente e indubitada, sino por el contrario, han sido objeto de diversos estudios, opiniones t√©cnicas y observaciones, tanto por los entes p√ļblicos participantes como por terceros, todo lo cual llev√≥ a los integrantes de la Comisi√≥n recurrida a decidir de la manera como lo hicieron, asisti√©ndole a esos terceros la posibilidad de ejercer su derecho a reclamar, conforme a la propia Ley 19.300.

Tambi√©n resulta √ļtil consignar que el denominado Plan Regulador Intercomunal Costero no es un instrumento que haya sido reconocido legalmente, y tal como se dijera por los recurrentes, reci√©n hab√≠a sido presentado para su evaluaci√≥n. En cuanto a la aplicaci√≥n del Convenio 169 de la OIT, no se√Īalan qu√© pueblos ind√≠genas podr√≠an verse afectados con el proyecto‚ÄĚ.

Para los tres recursos, la conclusi√≥n final es la misma: ‚ÄúQue en suma, no aparece de los antecedentes que exista ilegalidad ni arbitrariedad en la publicaci√≥n de las Resoluciones Exentas N¬į 43 y 44 en contra de las cuales se interpone el presente recurso de protecci√≥n y no especific√°ndose los hechos constitutivos de amenaza o perturbaci√≥n del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminaci√≥n, ni los elementos contaminantes que se considerar√°n en el ambiente y que puedan constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la poblaci√≥n, a la preservaci√≥n de la naturaleza o a la conservaci√≥n del patrimonio, como tampoco aquellos que importen una discriminaci√≥n arbitraria, es decir, una vulneraci√≥n de la igualdad ante la ley, el recurso de protecci√≥n ser√° desestimado‚ÄĚ.

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