El Congreso de los Diputados español adoptó este jueves la ampliación de la ley del aborto, contra la cual se han movilizado durante meses los sectores conservadores y católicos del país.
La nueva ley, aprobada por 184 votos de un total de 350, instaura el aborto libre hasta la decimocuarta semana de embarazo, un plazo mayor que en algunos países europeos, y que se autorice hasta la 22ª semana si hay riesgo para la salud de la madre o malformación del feto.
Después de la 22ª semana se podrá abortar si se detecta una enfermedad grave e incurable en el feto.
La ley fue apoyada por el partido socialista, en el gobierno, el nacionalista vasco PNV (centroderecha) y otros diputados nacionalistas catalanes y gallegos, y ahora debe ser votada en el Senado para su aprobación definitiva.
Para su aprobación, el proyecto de ley tuvo que modificar uno de sus puntos más polémicos, que las jóvenes entre 16 y 18 años podrían interrumpir un embarazo sin informar previamente a sus padres.
Frente a las protestas de varios sectores, y no sólo conservadores, el PNV consiguió que la ley incluya “la obligatoriedad de informar de la intervención al menos a uno de los padres, tutores legales o en su caso los ostentadores de la patria potestad de las embarazadas de 16 y 17 años”.
Sin embargo se incluyó una excepción para no informar a los progenitores: si la transmisión de esta información pone en peligro a la menor.
La actual ley, en vigor desde 1985, permite abortar durante las primeras 12 semanas por violación, por malformación del feto durante las primeras 22 y sin un límite en caso de “peligro para la salud física o psíquica de la madre”, lo que permitía realizar abortos bien avanzada la gestación.
El proyecto de ley ha movilizado durante meses a la iglesia católica española, con dos manifestaciones masivas en Madrid en marzo y en octubre.