El Servicio de Impuestos Internos (SII) podrá fiscalizar a la empresa de transportes Uber y a cada uno de los choferes asociados, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera que la firma de capitales holandeses está obligada a levantar el secreto bancario.
Lea el fallo de la Corte de Santiago
De esta manera, el tribunal de alzada capitalino confirmó lo dictaminado en agosto de 2018 por el Primer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago que autorizó al SII para adentrarse en lo que gana le firma -y por extensión los choferes-, toda vez que se abre a que estos últimos paguen impuestos por sus servicios.
Lea el fallo del Tribunal Tributario
Básicamente, Uber deberá entregar los saldos y movimientos entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de mayo de 2017 en dos cuentas del Banco de Chile, como también detallar los pagos hechos desde estas últimas.
Los datos financieros que Uber tendrá que proporcionar, incluirán los nombres y RUT de los beneficiarios del pago. De esta manera, el SII accederá también al dinero que ganaron los más de 70 mil abonados que hoy trabajan para la plataforma en Chile.
Aunque hasta ahora no hay claridad del cómo ni el cuándo, la entidad tributaria está evaluando qué tipo de carga impositiva deberán pagarán los asociados a la empresa holandesa.
Otra información solicitada por el SII, apunta al posible cierre de cuentas entre 2015 y 2017 en el Banco Chile para establecer dónde fueron a parar los fondos.
A lo anterior se suman los traspasos de Uber Chile hizo a la matriz holandesa, Uber B.V., para así determinar la tributación a la que debería estar afecta la aplicación de transporte.
Ley en camino
Aún cuando los gremios de los taxis amarillos, levantaron voz en contra de Uber, el gobierno impulsó una ley para regular el servicio.
Si bien es cierto la negociación para el Ministerio de Transportes no fue sido sencilla, de todos modos -el pasado 4 de abril- la Cámara de Diputados despachó al Senado, con 105 votos a favor, 24 en contra y 19 abstenciones, el cuerpo legal, que entra en segundo trámite legislativo.
Básicamente, la normativa buscar crear condiciones de igualdad en la competencia con los taxis tradicionales. Entre otras normas, que las empresas estén inscritas en un registro público, donde se encuentren encuadrados los choferes y sus vehículos, los que podrán operar solo en la región donde obtuvieron la autorización. Se agrega también la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil en caso de accidente.
No es lo único. Los conductores, al igual que los taxistas, deberán aprobar la licencia profesional, conocida como A-1, A-2 o A-3, para el transporte de pasajeros y que en su papel de antecedentes no existan anotaciones por delitos de connotación social.
Las empresas, en tanto, deberán pagar multas al igual que los choferes. Las habrá graves o leves. Para las primeras, estas oscilarán entre los 145 mil, pesos a poco más de 4 millones 800 mil pesos. En caso de reincidir, entre $967 mil pesos y 9 millones 670 mil pesos. Para los conductores, en tanto, las sanciones fluctuarán desde los 48 mil pesos y 483 mil pesos. Incluso, al acumular infracciones, la autoridad gubernamental podrá suspender la licencia por un plazo de hasta seis meses.
