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Luisiana se convierte en el primer estado en EE.UU en aprobar una ley que añade la mifepristona y el misoprostol a la lista de sustancias peligrosas controladas, castigando su posesión sin receta con cárcel y multas. Impulsada por republicanos, la medida, aprobada por la Cámara Baja y el Senado, espera la firma del gobernador Jeffrey Martin Landry.
El estado de Luisiana se convirtió en el primero en Estados Unidos en aprobar una ley que agrega dos medicamentos para inducir el aborto a la lista estatal de sustancias peligrosas controladas, y castigará así su posesión sin receta médica con cárcel y multas.
La medida, impulsada por los republicanos, fue aprobada el martes pasado por la Cámara Baja y este jueves por el Senado estatal, y ahora solo depende de la firma del gobernador de Luisiana, Jeffrey Martin Landry, para su promulgación.
Los médicos y defensores de los derechos reproductivos han expresado alarma por la polémica medida, que incluye la mifepristona y el misoprostol, dos medicamentos usados para interrumpir embarazos, en el Anexo IV de la Ley Uniforme de Sustancias Peligrosas Controladas de Luisiana.
En este estado el aborto está prohibido y por ello lo está recetar ambos medicamentos.
La nueva ley castiga hasta con cinco años de cárcel la posesión de alguno de estos fármacos sin recetas u órdenes válidas de profesionales médicos.
Sin embargo, las mujeres embarazadas que obtengan los medicamentos para su propio consumo no estarían sujetas a procesamiento, según la legislación.
Los médicos advierten que estos medicamentos tienen usos críticos más allá de la atención del aborto, incluida la ayuda en el parto, la prevención de úlceras gastrointestinales y el tratamiento de abortos espontáneos.
Otras de las sustancias de la Lista IV incluyen algunos narcóticos; depresores como Xanax y Valium; relajantes musculares; ayudas para dormir, y estimulantes que pueden usarse para tratar el trastorno por déficit de atención/hiperactividad y la pérdida de peso.
La medida cuenta con el apoyo de grupos antiaborto y el rechazo de profesionales médicos y defensores de los derechos reproductivos.
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