“El proyecto rigidiza innecesariamente la naturaleza de las empresas que entregan estos servicios”, que en algunos casos es más “restrictivo que la regulación aplicable a los taxis” y que “la nueva normativa debería regularizar el funcionamiento de las plataformas, pero sin alterar mayormente su operación actual”.
Esas son algunas de las salvedades que hizo el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) al proyecto sobre las plataformas tecnológicas como Uber y Cabify y que a comienzos de abril fue aprobado por la Cámara de Diputados.
En el informe, de cinco planas, se menciona que la iniciativa “debe tener por objeto resguardar un buen servicio para sus usuarios y no resguardar los intereses de los grupos de presión que buscan defender privilegios y monopolios que hoy les entrega la regulación”.
El investigador y especialista en transportes de LyD, Rodrigo Troncoso, aseguró que los aspectos que establece el texto actual no son tan necesarios de regular.
En su primer trámite legislativo, los diputados rechazaron establecer un cupo fijo para el parque de las plataformas y también una tarifa base. Aún así, LyD planteó que su regulación es excesiva.
Lo que hasta ahora establece el texto, entre otras cosas, es un plazo de tres meses para la inscripción de los conductores y que cada uno no pueda inscribir más de dos vehículos.
El vocero de los taxistas independientes, Claudio Morales, aseguró que las restricciones que se fijaron permiten proteger a tanto a los conductores como a los usuarios.
La medida que regula estos servicios comenzará a abordarse este miércoles en la Comisión de Transportes del Senado, en su segundo trámite constitucional.
