El canciller, Andrés Allamand, reiteró la postura negativa del Gobierno para subscribir al Acuerdo de Escazú afirmando que “es inconveniente para Chile”.
El tratado considera principios como la información ambiental, la participación de todos los involucrados en la toma de decisiones, y dar protección a defensores ambientales. El pacto entrará en vigencia el 26 de septiembre, por lo que nuestro país tiene pocos días para tomar una decisión final.
Según consignó La Tercera, el secretario de Estado participó durante de esta jornada de una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para exponer la postura de Chile.
En esa instancia, el ministro sostuvo que la posición “no ha cambiado. El acuerdo, en opinión del Gobierno y como está planteado, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito”, añadiendo que se encuentran analizando cuatro puntos relevantes de esta iniciativa.
Estos corresponden a analizar el contenido de los cambios que traerá en la legislación ambiental de nuestro país; el alcance interpretativo de ciertos principios del pacto; evaluar a qué obligaciones se comprometería Chile si firma; y analizar la posibilidad de que sea llevado a tribunales internacionales, en un caso eventual.
Finalmente, Allamand indicó que la postura de Chile frente a Escazú “debe requerir la mejor comprensión de todos los sectores que tienen interés en la materia”, recalcando la posición contraria y que, por lo tanto, “no debe haber espacio para la generación de una falsa expectativa”.
Por su parte, distintos partidos de la oposición emitieron un comunicado donde llamaron al Gobierno a firmar el acuerdo antes de la fecha límite e indicaron que el pacto “es una respuesta a la situación que enfrenta la población de las zonas de sacrificio. La larga lucha de las organizaciones de Puchuncaví-Quintero sería distinta si pudieran contar con toda la información de manera transparente”.
Asimismo, afirman que se trata de “la última oportunidad que tiene este gobierno de demostrar su compromiso en la defensa de los derechos a la participación de la ciudadanía y liderazgo internacional en la crisis climática y ecológica”.
