Alejandro Irarrázaval, uno de los principales asesores del presidente José Antonio Kast, vuelve a estar en el centro de la polémica, luego de que se conociera que mantiene vínculos de propiedad con una empresa que acumula una deuda millonaria con el Estado y enfrenta una demanda de cobro de la Tesorería General de la República.
Según reveló un reportaje de Tele13, el jefe del Segundo Piso de La Moneda mantiene una participación indirecta en Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., empresa que registra una deuda cercana a los $149 millones por concepto de patentes asociadas a derechos de aprovechamiento de aguas no utilizados.
La deuda se arrastra desde 2015 y llevó a la Tesorería General de la República a presentar una demanda de cobro el 28 de mayo de 2026.
Aunque Irarrázaval dejó la administración de la empresa en agosto de 2025, mantiene una participación societaria indirecta a través de Inversiones San Juan Limitada, sociedad vinculada a él y a su esposa.
Estos antecedentes abrieron cuestionamientos en el mundo político respecto de sus intereses empresariales y eventuales conflictos de interés.
La diputada del Partido Comunista, Sofía González, calificó la situación como inaceptable y cuestionó los estándares del Gobierno.
“Sin duda, esto es impresentable y seguro que en otro gobierno le habría costado el cargo. Pero bueno, ya sabemos cuáles son los parámetros de la actual administración”, sostuvo.
Desde el entorno de Irarrázaval, en tanto, aseguran que el asesor presidencial ya no tiene facultades para intervenir en la gestión de la agrícola y que los cobros están siendo impugnados por vías administrativas y judiciales.
Por su parte, el diputado del Partido de la Gente, Guillermo Valdés, consideró que los antecedentes representan una señal preocupante para la ciudadanía e insistió en que las obligaciones legales deben cumplirse sin distinciones.
“Mientras nuestros agricultores hacen enormes esfuerzos por salir adelante, debemos garantizar que todos cumplan la ley, sin privilegios, sin excepciones”, afirmó.
En el oficialismo, en tanto, plantean que es necesario conocer primero la versión del Ejecutivo antes de emitir juicios.
Sin embargo, la diputada de la UDI Flor Weisse recalcó que la igualdad ante la ley debe aplicarse a todos por igual, independientemente de sus cargos o responsabilidades.
“Aquí la responsabilidad corre y rige para todos. Igualdad ante la ley, y aquí se tiene que aplicar la justicia para todos”, señaló, junto con pedir que las indagaciones se desarrollen con prontitud para esclarecer los antecedentes.
Hasta ahora, La Moneda no ha entregado una versión oficial sobre la situación, pese a las consultas realizadas.
No obstante, al interior del Ejecutivo defienden la necesidad de establecer con claridad los hechos antes de emitir juicios y entregar respuestas formales.
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