Opinión
Educación y energía: Conflicto, gestión y resultados
Publicado por: Ezio Mosciatti
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Constituye una paradoja que la reforma educacional que hizo posible el gobierno de la Nueva Mayoría termine siendo un factor principal de declinación de la administración de la Presidenta Bachelet, fragmentando su coalición y dificultando su reproducción en el poder.

Marcelo Mella Polanco

Cientista Político
Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, USACh.

Se podr√≠a sostener al respecto, junto a los autores de la teor√≠a de la privaci√≥n relativa (R. Gurr), que la construcci√≥n de expectativas sociales sin capacidad de respuesta gubernamental puede ser muy mal negocio. Sin embargo, esta afirmaci√≥n no es m√°s que un enunciado ex post puesto que no se puede saber a priori qu√© es poco o qu√© es mucho en materia de avances de pol√≠tica p√ļblica, dadas las circunstancias originales que podr√≠amos conocer pero tambi√©n dadas aquellas condiciones desconocidas que acaecen en el propio ejercicio de una administraci√≥n. Los avances, en estos casos, dependen de las caracter√≠sticas del conflicto sectorial y/o de la gesti√≥n de la pol√≠tica.

A este respecto, en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2017) se observa un nivel de avance dis√≠mil en la elaboraci√≥n y gesti√≥n de pol√≠ticas sectoriales, siendo un ejemplo palpable de ello el contraste entre los resultados de la pol√≠tica educacional, especialmente en materia de educaci√≥n superior, y los resultados de la pol√≠tica de energ√≠a. Una comparaci√≥n intuitiva de ambas permite entender mejor las condiciones generativas que inciden en los avances y estancamientos de la agenda p√ļblica sectorial, as√≠ como las oportunidades y restricciones para sostenerla en un gobierno de coalici√≥n con el nivel de fragmentaci√≥n ideol√≥gica interna de la Nueva Mayor√≠a.

Para ambos casos, existi√≥ una politizaci√≥n inicial del conflicto durante la administraci√≥n de Sebasti√°n Pi√Īera y con antecedentes en gobiernos de la Concertaci√≥n que la precedieron (Ricardo Lagos y primer mandato de Bachelet). En mayo de 2011, durante el segundo a√Īo de la administraci√≥n Pi√Īera, se activ√≥ la movilizaci√≥n de estudiantes secundarios y universitarios en rechazo a la alta participaci√≥n privada en el sector, como tambi√©n y casi simult√°neamente se produjeron las manifestaciones sociales coordinadas por Patagonia sin Represas en rechazo a la aprobaci√≥n del proyecto Hidroays√©n. Se trataba en ambos procesos de demandas que denunciaban, en lo principal, falta de capacidad regulatoria del Estado y mercantilizaci√≥n por parte de los actores estrat√©gicos. A partir de este contexto, en las dos √°reas se dise√Īaron preliminarmente mecanismos participativos que produjeron avances desiguales en el tr√°mite legislativo, en la capacidad regulatoria del Estado, as√≠ como tambi√©n en la generaci√≥n de sentidos comunes para la pol√≠tica p√ļblica.

En educaci√≥n superior los proyectos de Ley de Nueva Educaci√≥n P√ļblica (recientemente aprobada por el Congreso Nacional) y la Ley de Universidades Estatales (actualmente en segundo tr√°mite legislativo), han significado tensionar la coalici√≥n de gobierno, un desgaste considerable a nivel de opini√≥n p√ļblica y rupturas en el sentido com√ļn construido por las movilizaciones estudiantiles para un sistema de educaci√≥n superior ‚Äúgratuito y de calidad‚ÄĚ. Cabe hacer presente que seg√ļn cifras de la consultora de opini√≥n p√ļblica Cadem, esta reforma ten√≠a en abril de 2014 un respaldo del 60%, mientras que en octubre de 2017 llegaba s√≥lo a un 36%, con algunos momentos en el presente a√Īo en el que el respaldo lleg√≥ a m√≠nimos de 24% o 25% (marzo y julio de 2017, respectivamente).

En el √°rea de la energ√≠a, en tanto, la segunda administraci√≥n Bachelet logr√≥ el dise√Īo de la Nueva Pol√≠tica Energ√©tica, que traza el camino del sector hasta el a√Īo 2050 y que a la fecha ha logrado reforzar el sentido com√ļn de los actores involucrados. Concretamente, se ha aprobado la Ley de Transmisi√≥n, que modifica el sistema nacional respectivo; la Ley de Equidad Tarifaria; la Gu√≠a de Est√°ndares de Participaci√≥n para el Desarrollo de Proyectos de Energ√≠a; la Pol√≠tica Ind√≠gena y la Pol√≠tica de Desarrollo Local, todas aristas que impactan en el desarrollo energ√©tico y en el de las comunidades involucradas en la generaci√≥n de energ√≠a. Los estudios de opini√≥n p√ļblica (Adimark) muestran que este √°mbito de gesti√≥n, despu√©s de tener una evaluaci√≥n muy negativa durante la administraci√≥n Pi√Īera, aparece entre los mejor valorados por la opini√≥n p√ļblica durante los a√Īos 2015 y 2016.

Las diferencias que se pueden observan en la gesti√≥n y resultados de la pol√≠tica en ambos sectores, como se ha dicho, guardan relaci√≥n con condiciones estructurales dis√≠miles derivadas de la dimensi√≥n territorial y de la condici√≥n organizacional de la contraparte. Por ejemplo, en energ√≠a no existe un ente que re√ļna los intereses de la contraparte estatal a nivel territorial como ocurre con la Confech en educaci√≥n superior, constituida en todo el pa√≠s y con capacidad de impulsar movilizaci√≥n a nivel nacional, al menos, a√Īo por medio. Existe indudablemente una red de actores que posee cierta capacidad de articulaci√≥n y movilizaci√≥n nacional (Chile Sustentable, Fundaci√≥n Terram, Ecosistemas, Patagonia sin Represas, entre otras), pero despu√©s de la ca√≠da del proyecto Hidroays√©n, estas organizaciones no consiguieron activar pol√≠ticamente la contestaci√≥n social en Santiago o en las principales ciudades de Chile.

Lo anterior plantea la pregunta sobre las ventajas del monopolio en la representaci√≥n de los intereses sociales sectoriales y, al mismo tiempo, supone interrogarse acerca de cu√°nta homogeneidad y heterogeneidad de intereses facilita la gesti√≥n e implementaci√≥n de la pol√≠tica. Sabemos que las contrapartes sectoriales son muy distintas. En educaci√≥n, y especialmente en educaci√≥n superior, el espacio Confech presume una alta heterogeneidad de actores e intereses. En el sector energ√≠a se aprecia menor diversidad de intereses, por tanto el espacio de los stakeholders (o actores y p√ļblicos involucrados en la pol√≠tica) resulta bastante m√°s homog√©neo. Adem√°s, hay que distinguir ac√° que en el caso de educaci√≥n se trata de un sector de provisi√≥n mixta, mientras en el sector energ√≠a, salvo el caso de ENAP, es un √°mbito esencialmente privado. De lo anterior se podr√≠a desprender que los costos para construir acuerdos por parte del regulador resultan bastante m√°s bajos en energ√≠a que en educaci√≥n.

Sin embargo, ello no explica por qu√© un ministerio joven como el de Energ√≠a, creado en la primera administraci√≥n de Bachelet, experiment√≥ no s√≥lo bajas evaluaciones en las encuestas de opini√≥n en sus primeros a√Īos, sino vio pasar a seis ministros durante el gobierno de Pi√Īera, transform√°ndose en una de las carteras m√°s vol√°tiles. Parece ser que -aunque sea tentadora la idea de explicar la mayor complejidad en el avance de las pol√≠ticas del sector educacional por la heterogeneidad y polarizaci√≥n de los actores estrat√©gicos y la intensidad del conflicto- lo m√°s probable es que estas diferencias en los resultados sectoriales en estos dos casos se explique mejor por la capacidad del gobierno para bajar los niveles de incertidumbre de los stakeholders. Vale decir, si la pol√≠tica de energ√≠a ha logrado en buena medida garantizar a trav√©s de iniciativas y nuevos marcos regulatorios mayor seguridad para las empresas del sector, resulta bastante claro que las pol√≠ticas educacionales implementadas durante la segunda administraci√≥n Bachelet no han conseguido garantizar condiciones suficientes para que las decisiones sectoriales del Ejecutivo produzcan legitimidad y rentabilidad pol√≠tica entre los actores estrat√©gicos p√ļblicos y privados.

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