La ofensiva política-judicial que la oposición (UDI y Republicanos) venía preparando hace semanas se concretó este viernes con la presentación de un requerimiento formal ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), solicitando la cesación inmediata de Claudio Orrego Larraín en su cargo de gobernador de la Región Metropolitana.
La acusación se basa en dos causales graves: notable abandono de deberes y contravención al principio de probidad administrativa.
El escrito, de más de 180 páginas, fue redactado por el abogado Máximo Pavez Cantillano, exsubsecretario de la Segpres; y lleva la firma de 16 consejeros regionales, entre ellos Álvaro Bellolio Avaria, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones y rostro técnico de confianza en la UDI.
En el documento, se detallan una serie de hechos que —según los requirentes— configuran una “conducta sistemática, reiterada y estructural” de uso indebido de fondos públicos en beneficio de la campaña personal de Orrego.
Coaching electoral
El punto más grave del requerimiento se sustenta en el Informe Final N° 873/2024 de la Contraloría General de la República. En ese documento, el ente fiscalizador acreditó que el Gobierno Regional contrató —vía trato directo— a la consultora Vera y Asociados por $31 millones para impartir un supuesto “coaching directivo”, que en realidad fue utilizado para planificar y afinar los contenidos de la campaña a la reelección del gobernador.
Las minutas de las sesiones revelan temas como “manejo de crisis mediáticas en periodo electoral”, “segmentación del voto joven”, “estrategias para la segunda vuelta” e incluso “posicionamiento presidencial”. La Contraloría calificó esta contratación como una infracción directa a la prescindencia política y derivó los antecedentes al Ministerio Público.
Redes institucionales al servicio
El requerimiento también acusa a Orrego de desviar el uso de las redes oficiales del GORE para fortalecer su cuenta personal de Instagram (@orregocl), incurriendo —según la Contraloría— en “apropiación de un bien público con fines políticos particulares”.
Un ejemplo citado por el dictamen es la realización de un concurso con la mascota “Fiu” de los Panamericanos, donde se instó al público a seguir la cuenta personal del gobernador para participar.
Además, el documento denuncia una “personalización indebida” de la comunicación institucional: en 28 de 38 notas de prensa analizadas, la imagen y nombre de Orrego dominaban el contenido, lo que a juicio de la UDI se transforma en propaganda encubierta financiada por el Estado.
Otro de los hechos descritos es lo ocurrido durante octubre de 2024, cuando Orrego se encontraba legalmente con permiso para hacer campaña. En ese periodo, el gobernador subrogante, Manuel Gallardo, realizó al menos 18 actividades públicas en las que hizo reiteradas menciones a Claudio Orrego como líder del Gobierno Regional, consolidando —según el requerimiento— una estrategia de “mantener vigente su imagen electoral utilizando actos oficiales”.
“Un patrón de desvío institucional”
El requerimiento sostiene que estas acciones no son hechos aislados, sino que responden a una “operación política deliberada, planificada desde enero de 2024”, en la cual se utilizaron recursos públicos —tanto humanos como financieros y comunicacionales— para cimentar la candidatura de Orrego. En palabras del texto: “no se trata de errores administrativos ni de malas decisiones puntuales, sino de un patrón de actuación contrario al Derecho”.
El documento invoca los artículos 19 y 62 de la Ley N° 18.575 (Bases Generales de la Administración del Estado), así como la Ley N° 19.175 sobre Gobierno Regional, y pide que el Tricel declare la cesación en el cargo de Claudio Orrego Larraín por haber vulnerado principios esenciales de la función pública.
La ofensiva judicial ocurre en un momento políticamente sensible. Orrego mantiene altos niveles de visibilidad pública y es mencionado como posible presidenciable para 2025, lo que ha generado preocupación en la derecha. De hecho, fuentes del Consejo Regional sostienen que esta presentación tiene un doble propósito: sancionar la eventual ilegalidad, pero también desactivar su proyección política.
El requerimiento también representa una señal de fortalecimiento de figuras jóvenes dentro de la UDI, con Bellolio como actor articulador de una narrativa de control a los gobernadores regionales, figura que la derecha tradicional nunca ha terminado de asimilar.
Ahora será el Tricel —máxima instancia electoral del país— el que deberá resolver si los antecedentes ameritan una sanción de esta magnitud: la destitución de una autoridad elegida por voto popular. El proceso, que ya fue declarado admisible, promete extenderse durante las próximas semanas y marcar un precedente inédito en la corta historia de los gobiernos regionales.
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