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La insólita disputa entre comunas que no permite fiscalizar puente Llacolén de Concepción

Archivo | Agencia UNO
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Una disputa entre los jueces de Policía Local de San Pedro de la Paz y Concepción llevó al Ministerio de Transportes a dejar de infraccionar temporalmente a los camiones que circulan por el puente Llacolén.

Hace dos años el Ministerio de Transportes instaló al ingreso del viaducto por San Pedro de la Paz cámaras de seguridad para fiscalizar la restricción al paso de camiones en ciertos horarios.

Mientras en 2015 fueron 2 mil 500 los partes cursados, las infracciones el año pasado disminuyeron a la mitad, mientras que este año -a septiembre- iban sólo 743 notificaciones.

¿Por qué la baja?

La respuesta es simple: un conflicto que se generó entre los jueces municipales de San Pedro de la Paz y Concepción, que se negaban a tramitar las causas enviadas, tras declararse incompetentes ambos Juzgados de Policía Local para tramitar las denuncias.

camiones

En respuesta, y mientras la Corte de Apelaciones de Concepción analizaba la situación, Transportes no encontró mejor solución que dejar de cursar infracciones, según explicó el abogado de la Seremi en el Bío Bío, Boris Merino.

La decisión fue calificada como incomprensible por el presidente del Colegio de Abogados penquista, Ignacio Sapiaín, quien acusó a la autoridad de faltar a su obligación por esta decisión, argumentando que fue un error dejar de notificar por el conflicto entre los juzgados.

La infracciones se reanudaron sólo después de que el tribunal de alzada ordenara a los magistrados de Concepción tramitar los partes para los camiones notificados y que se desplazaran hacia San Pedro, decretando a su vez que la jueza sampedrina aplicara las multas a los conductores que se dirigían hacia la capital regional.

No obstante, indicó el presidente de la Corte de Apelaciones, ministro Hadolff Ascencio, no hay una postura uniforme entre todos los miembros del tribunal de alzada por lo que los partes se analizan caso a caso.

Además, por ser estas infracciones cursadas desde Santiago por el Ministerio de Transportes, los recursos no van a las arcas municipales, y por ello, tampoco las corporaciones edilicias están interesadas en recibir la carga de trabajo.

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