Fueron rechazadas las dos solicitudes presentadas por el Programa de Derechos Humanos y los querellantes en el caso Laja San Rosendo, que buscaban reabrir la investigación por la ejecución de 19 trabajadores de Ferrocarriles y de la CMPC en 1973.
Las resoluciones la dictó el ministro para causas por delitos de lesa humanidad, Carlos Aldana, quien explicó que no se entregaban nuevos antecedentes para revocar el cierre del sumario, ni para dar lugar a los procesamientos de civiles, ex ejecutivos de la papelera de Laja, a quienes se imputaba por haber cooperado en los crímenes.
Con esto queda firme el fin de la investigación en este emblemático caso por violación de derechos humanos, aunque los querellantes y el Programa del Ministerio del Interior tienen cinco días para apelar las resoluciones a la Corte de Concepción.
Hace unos días el ministro Aldana había cerrado el sumario, con el encausamiento de una docena de ex miembros de Carabineros, a quienes se responsabiliza por los asesinatos de las víctimas, es decir, los delitos de homicidio, así como su posterior inhumación y exhumación.
