El ministro de Educación, Gerardo Varela, descartó que el proyecto que busca aumentar a un 70% la cobertura de la gratuidad para los estudiantes de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales sea discriminatorio respecto de los alumnos de igual condición socioeconómica que están en las universidades.
Al proyecto de ley le espera un duro debate que podría incluso terminar en el Tribunal Constitucional.
La discusión ya se dio el 2015 cuando el TC falló en contra de la glosa de presupuesto que establecía el beneficio sólo a estudiantes vulnerables de universidades del Consejo de Rectores, lo que posteriormente tuvo que ser rectificado por el Gobierno de la época, ampliando el beneficio a otras instituciones, incluidos los centros de formación técnica e institutos profesionales.
Entre los argumentos de fondo que esgrimió el TC para rechazar la gratuidad el 2015 se incluía que se afectaba el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, algo que se estaría replicando con la actual iniciativa del Gobierno, pero esta vez afectando a los estudiantes universitarios que están entre el sexto y séptimo decil.
El ministro de Educación descartó que el nuevo proyecto sea discriminatorio, pese a esta anterior resolución.
“Yo no llamaría discriminación, simplemente lo que se está haciendo es respetar la ley en el sentido de que este beneficio tiene que darse a CFT o IP que estén acreditados 4 años y que no tengan fines de lucro”, argumentó.
Además, si bien el anuncio de aumentar la gratuidad en la educación técnico profesional hasta llegar al 90% es parte del programa de Gobierno, no todos en el oficialismo se alinearon con el proyecto.
“Evópoli lo que ha dicho es que está en suspenso porque está estudiándolo, que es natural que lo haga. Tiene que estudiar el proyecto y ver los efectos que tiene”, sostuvo.
Agregó que “nosotros queremos creer que tendremos un apoyo transversal a esto porque es una buena iniciativa que simplemente anticipa algo que el Congreso ya aprobó”.
Ésto sería el crecimiento de la gratuidad “en la medida en que vaya desarrollándose el país”, y defendió que el proyecto es “un anticipo de ese cronograma que no afecta al resto”.
Desde la Unión Democrática Independiente, el diputado Jaime Bellolio ha sostenido que este proyecto de ley es una “discriminación positiva” para el sistema.
