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Fraude en Carabineros: CDE amplía su querella para ir tras nueva organización criminal

ARCHIVO | Agencia UNO
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago -nuevamente- una ampliación de querella en el marco del millonario fraude en Carabineros.

Lo anterior, luego que se supiera de la existencia de una segunda organización criminal que habría operado en la institución policial, que implica al imputado -actualmente en prisión preventiva-, José Inapaimilla.

Al igual que la Fiscalía, el CDE le atribuye al excontratado por resolución (CPR) en Carabineros un rol principal en esta nueva organización criminal detectada al interior de la institución, que presuntamente se dedicaba a desviar dineros desde los fondos correspondientes a pensiones y desahucios, junto a una veintena de coimputados que se describen en la querella.

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El Consejo de Defensa del Estado asegura que en conjunto defraudaron al menos 600 millones de pesos entre 2006 y 2017 bajo este nuevo mecanismo. Asimismo, también apuntan que Inapaimilla se asoció con la finalidad de cometer una multiplicidad de delitos.

Para ello, según se relata en la querella, se valió de estructuras jerarquizadas de carácter permanente, donde se distinguen distintos grados de responsabilidad en este caso.

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Además, se espera que el próximo 16 de octubre se realice una nueva formalización a un grupo de cuentacorrentistas que, presuntamente, habrían sido contactados por Inapaimilla para concretar y usar este nuevo mecanismo defraudatorio.

En esa fecha también se podría comunicar el aumento del monto total defraudado en este caso que envuelve a la institución uniformada, el cual ya supera los 26.000 millones de pesos. “Creemos que debería haber un pequeño aumento en la próxima audiencia“, reveló el fiscal Centro Norte, Patricio Macaya.

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También, como parte de esta investigación, la próxima semana, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, tiene que dar a conocer su resolución respecto a si ordenará el congelamiento o cautela real de 1.000 millones de pesos, correspondientes a los desahucios de 20 imputados llamados a retiro por su presunta participación en el fraude.

Por su lado, las defensas de los acusados aseguran que se trata de pensiones inembargables, mientras que Fiscalía asegura que buscan evitar la disponibilidad de los dineros por parte de los involucrados en la malversación.

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