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CDE impugna fallo que ordenó pasar a funcionarios civiles aeronáuticos a Capredena

ARCHIVO | Agencia UNO
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) impugnó el fallo que ordenó traspasar a 1.331 funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a Capredena.

Recordemos que ésta era una de las demandas que los trabajadores exigieron durante una movilización efectuada en 2015.

El fallo precisaba que “a cada uno de los actores que desempeñan sus labores en la Dirección General señalada, les corresponde la aplicación del sistema previsional contemplado en el Decreto con Fuerza de Ley N°1 (…) debiendo los demandados (la DGAC y el fisco) revertir los efectos de la aplicación errónea de las normas previsionales a los demandantes”.

Tras la impugnación del fallo, la Corte Suprema deberá determinar el sistema previsional en que deberán cotizar los funcionarios.

Según consigna El Mercurio, el Consejo de Defensa del Estado considera que la Corte de Santiago incurrió en un error de derecho y en infracciones de la ley en su fallo.

Lo anterior, debido a la “incorrecta, falsa y falta de aplicación” de los artículos de la Ley 16.752 -que fija la organización, funciones y disposiciones generales a la DGAC- respecto del articulado de la Ley 18.458 -que establece el sistema previsional de la Defensa Nacional- así como con parte de la normativa del DFL Nº1 de la Subsecretaría de Guerra y del Código Civil, señala el documento.

El matutino detalló que el CDE afirma que los funcionarios aeronáuticos no son empleados civiles de las Fuerzas Armadas, por lo que indica que no les corresponde cotizar en el sistema de previsión que corresponde a estos funcionarios, a excepción de casos particulares descritos en la ley.

Se debe consignar que esta situación había sido prevista por el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la DGAC, José Pérez, quien al momento de conocer la resolución de la Corte de Santiago había afirmado que recibían la noticia con prudencia, ya que tanto la institución como el Consejo de Defensa del Estado podían acudir a la Corte Suprema para revertir la decisión que costaría al fisco cerca de 900 mil millones de pesos.

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