La justicia dio “luz verde” este miércoles al proceso judicial que solicitó la presidenta Michelle Bachelet para que se enjuicie por injurias a los periodistas de la revista Qué Pasa que revelaron escuchas telefónicas donde se le vincula al caso Caval.
La querella, presentada por el abogado Juan Pablo Hermosilla ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, apunta al director del medio, Juan Pablo Larraín, al editor Francisco Aravena, y a los reporteros María José Tapia y Rodrigo Vergara.
La mandataria no se querelló por la publicación en el sitio web de la revista, sino que por la edición impresa, donde se transcriben las escuchas telefónicas del imputado en el caso Caval, Juan Díaz, sólo en lo que respecta a sus dichos sobre un presunto pago a la presidenta, dejando de lado la transcripción donde se alude a Pablo Longueira.
En el libelo por injurias se intenta acreditar la responsabilidad del medio por los insultos o el trato que se le da a la presidenta, delito que de ser corroborado, sus responsables enfrentarían penas remitidas, sin privación de libertad, que van de los 61 a los 541 días y una multa de 6 a 10 UTM. Es decir, de $273.000 a los $455.000.
Desde Francia, la presidenta Bachelet afirmó que esta acción judicial la interponía como ciudadana, dejando su cargo en un segundo plano.
Radio Bío Bío tuvo acceso al texto de la querella donde se fija el domicilio de la querellante en el Palacio de la Moneda y se ofrecen como testigos al tribunal al ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, a la jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, y al asesor ante la demanda de Bolivia y columnista de El Mercurio, el periodista Ascanio Cavallo.
En el relato de los hechos, la querella asume que la Revista Qué Pasa reacciona con la publicación de las escuchas, tras revelarse la declaración de la presidenta en el caso Caval ocurrida el 24 de mayo.
Al tratarse de injurias graves con publicidad, en el libelo se pide aumentar la eventual pena a tres años.
En nuestro medio asociado CNN Chile, el abogado del medio, Pablo Gómez Edwards, negó que hayan vulnerado la honra de la presidenta Bachelet y reconoció que no han sido notificados, pero adelantó que el libelo no tiene fundamentos.
Destacó además que hay una “desproporción” entre la querellante y los querellados y reconoció que es difícil llegar a una conciliación.
Tras conocer que la querella se acogió a trámite, el defensor de Juan Díaz, el abogado Carlos Astorga, adelantó que su cliente está dispuesto a declarar como testigo en este proceso.
Este es un juicio que nace de una acción penal privada, es decir, no se involucran los fiscales, sólo son las partes que deben aportar pruebas y antecedentes para desacreditar evidencias.
Según las fuentes consultadas, el abogado Juan Pablo Hermosilla tiene el patrocinio de poder de la presidenta para conciliar, es decir, no se hará obligatoria la presencia de la mandataria cuando se cite a la primera audiencia, donde el juez debe instar a un acuerdo. En esta audiencia también el magistrado le da la posibilidad al querellado de dar explicaciones.
