El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, planteó hoy la posibilidad de incorporar en la discusión del proyecto que moderniza la Ley General de Bancos nuevos temas que han surgido en el debate, siempre que se logren acuerdos transversales que garanticen que la tramitación de la iniciativa no se verá entorpecida.

La autoridad se refirió al tema al exponer en el seminario Banca y Desarrollo Económico, organizado por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, evento que contó también con la participación del economista de la Universidad de California en Berkeley, Ross Levine; el profesor titular de la FEN y ex presidente del Banco Central, José De Gregorio; y el investigador del Centro de Estudios Públicos y ex superintendente de Bancos, Raphael Bergoeing.

Al detallar los contenidos de la iniciativa que moderniza la legislación bancaria, el ministro abordó dos temas, referidos al perímetro regulatorio y las herramientas de resolución bancaria, que han surgido en la discusión parlamentaria y con distintos actores del mercado. Sostuvo que el Ejecutivo está “dispuesto a conversar si es que hay un acuerdo más transversal” y siempre que su análisis no retrase el trámite del proyecto. Esto porque, según comentó, “tener el proyecto perfecto demora a veces muchos años”, por lo que si fuera ése el escenario “es mejor por último dejar estos temas establecidos en la agenda”.

En cuanto al primer tema, Rodrigo Valdés explicó que hay materias como las referidas a banca digital y en general a los desarrollados en el ámbito de Fintech, que resulta difícil incorporarlas a la legislación. Añadió que otros países han abordado estos casos creando “sandbox” (“caja de arena”, un entorno de pruebas separado de la legislación) para evaluar fórmulas que permitan adaptarse mejor a los desafíos de regulación del mercado. “Es una gran oportunidad que queremos tener sobre la mesa, pero no queremos que esto nos demore el proyecto”, afirmó.

La autoridad comentó que el segundo tema se refiere a herramientas de resolución, “un área en que el mundo todavía está aprendiendo”. Comentó que en la elaboración de la ley se ponderaron diversas opciones y se resolvió centrarse en el plan de regularización temprana y no incluir otras herramientas, para ponderar en el debate parlamentario la pertinencia de incorporar alternativas como, por ejemplo, la de separar el banco “bueno” del banco “malo” como una forma de reservar valor. No obstante, admitió que esta alternativa “no es fácil porque hay desde temas constitucionales de derecho de propiedad a otros, pero que si hay un acuerdo en el global lo podemos considerar”.

Pero insistió en que “no queremos que este tipo de cosas nos demoren otras muy urgentes, como los cambios en capital, que estamos atrasados; y los cambios que tenemos en la gobernanza de la Superintendencia, ya que pasar a gobiernos colegiados y con mucha mayor independencia es muy importante”.

Gobierno corporativo ENAP

Más tarde, el titular de Hacienda participó en la ceremonia de promulgación de la ley que consagra el nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y autoriza su capitalización por hasta US$ 400 millones. La actividad fue encabezada por la presidenta Michelle Bachelet en La Moneda y en la que también estuvieron presentes al ministro de Energía, Andrés Rebolledo; y el gerente general de la firma estatal, Marcelo Tokman. La mandataria aseguró que “hoy estamos dando un nuevo paso en la modernización de la gestión de nuestras empresas públicas más emblemáticas. Un camino que iniciamos en mi gobierno anterior, y que sabíamos que sería largo y complejo, pero esencial”.

El nuevo cuerpo legal, que es parte de las medidas de la Agenda de Energía, incorpora los mejores estándares internacionales a ENAP y permite la proyección de la firma estatal como un actor relevante en las soluciones energéticas. Para ello, se crea un nuevo directorio compuesto de siete miembros: dos nombrados por el Presidente de la República, cuatro nominados a través de la Alta Dirección Pública y uno que representará a los trabajadores. De esta forma, se elimina la integración de ministros de Estado y de representantes de gremios. También se establece la necesidad que ENAP elabore un Plan de Desarrollo y de Negocios a implementarse quinquenalmente, que incluya objetivos, metas de rentabilidad y planes de inversión y desarrollo; y la obligación de sujetarse a las normas que rigen a las sociedades anónimas.