Parlamentarios de Renovación Nacional solicitaron el cese inmediato de los pagos por parte del Estado para las más de 3.000 personas detectadas por la Contraloría como falsos exonerados políticos.
Hasta el 34º Juzgado del Crimen de Santiago llegaron los parlamentarios Baldo Prokurica y Paulina Núñez, quienes se reunieron con la ministra en visita Mireya López, encargada de investigar el caso de los falsos exonerados.
La magistrada explicó que actualmente se está investigando la responsabilidad penal de más de 16.000 personas por delitos de fraude al Fisco.
Incluso, dentro de los investigados figuran políticos en ejercicio, aunque la jueza declinó precisar la información ya que la causa está en proceso de investigación.
“Se está investigando la posible comisión de falsificación o la intervención de otras personas que entregaron estos documentos o que ha habido adulteración de documentos. Eso el tribunal lo está investigando ahora. Por lo tanto, aquí no le puedo mayor información, porque eso está en reserva”, manifestó.
Al respecto el senador Prokurica señaló que, de acuerdo a un estudio realizado en conjunto con Núñez, serían cerca de .000 millones mensuales los que el Estado otorga los falsos exonerados identificados por Contraloría.
“Hemos hecho un estudio con la diputada Núñez, aproximadamente estas 3.000 personas reciben cerca de 1.000 millones de pesos mensuales y, por lo tanto, nos parece y siempre hemos dicho que ojalá estos 1.000 millones fueran a mejorar las pensiones de esas personas que reciben hoy pensiones miserables”, indicó el parlamentario.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que todo lo que sirva para aclarar la materia es pertinente: “Nosotros hicimos un estudio de todo lo que tiene que ver con exonerados. Durante el transcurso del año pasado se entregó esa información al Consejo de Defensa de Estado y ahora entiendo que hay investigaciones en la Contraloría [...] Todo lo que signifique transparencia y dilucidar cualquier eventual irregularidad, a nosotros nos parece óptimo”.
Son más de 16.000 las personas que se encuentran en la lista de investigados por adulteración de identidad y fraude al Fisco. Sin embargo, solo 3.000 han sido identificados por la Contraloría y 12 han sido sentenciados.
