A un paro nacional de advertencia convocó para el próximo miércoles 10 de junio la Asociación Nacional de Funcionarios de la Educación (Andime), para unirse a la convocatoria hecha por la Confederación de Estudiantes de Chile acordada este sábado en asamblea.
Mabel Zúñiga, presidenta de la Dirección Provincial de Andime y también presidenta de ANEF Valparaíso, dijo que este paro de advertencia es para llamar la atención al ministro de Educación, quien aseguran que está llevando un proceso sin consultar a los trabajadores.
Se trata de dos líneas que vienen trabajando desde hace un año -la desmunicipalización y la carrera funcionaria- que según critican, se quiere hacer ver como un solo proceso.
Mario Diaz, presidente del Comunal Valparaiso del Colegio de Profesores, criticó el actuar del Gobierno en estas materias y afirmó que los profesores se sienten ninguneados y que la propuesta del Gobierno no los representa.
En tanto, Mabel Zúñiga reafirmó que manifiestan su rechazo al actual proceso de desmunicipalización, que -según explica- consiste en la creación de servicios locales de educación autónomos, descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, lo que para el gremio sería una nueva red de “Mega Sostenedores” con plena autonomía de la administración central del Estado.
En este sentido, dijo que no es lo mismo que la educación pública regrese al Estado a través de instituciones autónomas que el retorno de las escuelas y liceos al Ministerio de Educación a través de sus Departamentos Provinciales, por lo que exigen el retorno de los establecimientos al Mineduc, además de reforma educacional con estabilidad laboral y encasillamiento.
Respecto de este último, piden que el proyecto de ley de encasillamiento -más conocido como carrera funcionaria- sea gestionado ante la Dirección de Presupuestos y enviado al Congreso lo antes posible y no de forma simultánea con el de desmunicipalización. Ya que aseguran que la superposición de estos proyectos de ley supondría un engaño a los trabajadores del ministerio y generaría una pugna tanto o más perjudicial para la educación pública como la ley de carrera docente.
