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Crearán Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad en medio de indagatorias a parlamentarios

ARCHIVO | Pablo Ovalle | Agencia UNO
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Este martes la sala del Senado votará en general el proyecto de ley enviado por la presidenta Michelle Bachelet y que busca crear la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la comisión de Constitución de la Cámara Alta el pasado 6 de noviembre y debería contar con un respaldo similar en la sala del Senado; no obstante, la corporación tiene a su vicepresidente, Eugenio Tuma y a otros 4 senadores enfrentando indagatorias por delitos relacionados con el uso de platas públicas o los aportes a sus campañas electorales.

La iniciativa forma parte del paquete de proyectos en materia de seguridad pública. En su presentación en septiembre pasado, la propia presidenta Michelle Bachelet explicó que la Fiscalía de Alta Complejidad deberá investigar “delitos complejos y de alta connotación social”.

Sin embargo, la votación del proyecto se dará en un momento difícil para varios senadores que ya se han visto afectados por la acción de la Fiscalía de Alta Complejidad o podrían serlo, en caso de ser formalizados en el marco de investigaciones judiciales en curso.

Este es el caso del senador y vicepresidente de la Cámara Alta, Eugenio Tuma (PPD), quien hace un par de semanas debió enfrentar el allanamiento de su sede parlamentaria en Temuco, diligencia que fue encabezada por el fiscal jefe de Temuco Alberto Chiffele y el representante de la Fiscalía de Alta Complejidad Luis Arroyo.

En este sentido, el senador y presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Alta, Hernán Larraín, sostuvo que los parlamentarios investigados aún no han sido condenados por delito alguno, por lo cual desestimó que deban inhabilitarse en la votación de este martes para crear la figura del fiscal de alta complejidad.

Quienes mantienen frentes judiciales abiertos o están potencialmente expuestos a la acción del órgano persecutor, son los senadores Carlos Bianchi, investigado por el arriendo de su sede parlamentaria en Punta Arenas; los UDI Ena Von Baer e Iván Moreira, por la arista política del caso Penta; y la también gremialista Jacqueline Van Ryselbergue, querellada por el Consejo de Defensa del Estado por el presunto delito de fraude al fisco en el período en que ella era alcaldesa.

Radio Bío Bío tomó contacto con los senadores mencionados anteriormente, sin lograr ubicar a Von Baer y Van Ryselberghe.

Quienes sí contestaron el llamado, fueron los senadores Tuma, Moreira y Bianchi, pero declinaron referirse al tema. Incluso el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, un tanto molesto, nos recomendó que fuéramos a preguntarle a los otros senadores “que están más complicados que yo”.

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