El Gobierno inició la última etapa de cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la jueza Karen Atala, donde se condenó por discriminación al Estado chileno.
La sentencia, emitida en marzo de 2012, determinó el pago de una indemnización de 72 mil dólares para la jueza, un acto público reparatorio y planes de apoyo médico y psicológico para ella y sus tres hijas.
La magistrada perdió la tuición de las niñas por su condición de lesbiana según un fallo de la Corte Suprema del año 2004.
Atala dio por superada la sentencia en términos personales, pero advirtió que queda pendiente el plan de capacitación a los funcionarios estatales para evitar discriminación en el servicio público por condición sexual, raza, etnia o situación económica.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, destacó que el plan partirá en esta secretaria de Estado y sus servicios: Gendarmería, Registro Civil, Sename y Defensoría Penal Pública.
La jueza Atala firmó un convenio con Fonasa para recibir la atención y terapia reparatoria en salud mental, donde sus hijas menores al momento de cumplir 18 años quedarán en condiciones de tener un plan personal y familiar.
