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Inversión minera en Perú amenaza con desatar nuevos conflictos sociales según ONG

ERNESTO BENAVIDES / AFP
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Las nuevas medidas del gobierno que flexibilizan los controles a la explotación minera generarían nuevos escenarios de conflictos sociales en Perú, a pesar que los últimos reportes registran un descenso de éstos, advirtió el martes un colectivo de organizaciones ambientalistas.

“La aprobación del paquete económico ambiental ha hecho saltar todas las alarmas en materia de protección ambiental y derechos de pueblos indígenas”, indicó el reporte del Observatorio de Conflictos Mineros que vigila el impacto social de los proyectos en Perú, país que acogerá en diciembre a la 20 cumbre mundial del medio ambiente (COP 20).

José de Echave, ex viceministro del Ambiente al inicio del actual gobierno y representante de la ONG CooperAcción, dijo que las medidas “apuntan a debilitar las regulaciones ambientales que se había intentado construir con mucho esfuerzo, precisamente como respuesta a la creciente conflictividad social que el país ha vivido en los últimos años”.

Según las nuevas disposiciones del gobierno peruano será la presidencia del Consejo de Ministros, en lugar del Ministerio de Ambiente, quien decida la creación de áreas naturales reservadas así como los estándares ambientales y de límites máximos permisibles de contaminación.

Además se dispone agilizar los estudios de impacto ambiental (EIA) para que no bloqueen y demoren las inversiones, y disminuir las multas por incumplimientos ambientales.

En los últimos años Perú ha afrontado conflictos derivados de la actividad extractiva de empresas extranjeras ante la oposición de la población campesina próxima a las minas quienes aseguran que los proyectos destruyen el medio ambiente y sus fuentes de agua.

Según el observatorio, hasta junio del 2014 hubo un descenso de los conflictos mineros en relación al año anterior por la presión política que crean las elecciones municipales y regionales de octubre próximo.

“Lograr alcaldes funcionales a sus intereses es un objetivo central para las empresas mineras”, indicó Echave.

La defensoría del Pueblo reportó hasta el mes de mayo 135 conflictos socioambientales, de los cuales 100 están vinculados a la actividad minera. Las regiones Apurimac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna concentran más del 35% de los conflictos mineros en Perú.

Uno de los conflictos más relevantes del primer semestre fue la formalización de los mineros informales.

El informe fue elaborado por las ONG Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz), CooperAcción (Acción Solidaria para el Desarrollo) y Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo).

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