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Prisión preventiva para dueño de financiera informal Eurolatina

Pedro Cerda | Agencia UNO
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La justicia dejó en prisión preventiva a Marcos Elgueta, dueño de la financiera informal Eurolatina, en tanto que su mujer Isabel Urra y su cuñada Pamela Olivares quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Ellos están siendo indagados por los delitos de estafa y usura, por las financieras informales Hippocapital y Los Queñes. La investigación data de 2012 cuando se presentaron nueve denuncias por entrega de créditos a personas con pocas posibilidades de acceder a ellos en la banca formal.

Según la fiscal Tania Sironvalle, este modus operandi sólo tenía por objetivo rematar las viviendas de estas personas.

Los imputados fueron detenidos en la tarde de este lunes en una operación conjunta de la Fiscalía Centro Norte y la Brigada Económica de la Policía de Investigaciones.

Cabe precisar que en abril de este año la Corte Suprema ordenó que los hermanos Pedro y Marcos Elgueta debían cumplir la condena de 5 años y un día de cárcel por el caso Eurolatina, donde más de mil 200 personas se vieron afectadas y unas 186 viviendas fueron rematadas.

Para ello, ordenó al ministro Juan Cristóbal Mera, que un un principio absolvió a estos condenados, a que diera el cúmplase del fallo y que además ordenara anular los remates de las casas, devolver los inmuebles a sus dueños o pagar su equivalente, y además cancelar una indemnización de 5 millones de pesos para cada demandante.

El abogado Manuel Ibarra, quien representó a los estafados por Eurolatina y pidió investigar a las dos financieras, aseguró que los delitos se cometían “a vista y paciencia de los juzgados civiles de Santiago”.

María Elena Huaquipán, vocera de los estafados por Eurolatina y que desde el año 1991 se enfrentó a los hermanos Elgueta, señaló que ellos fueron quienes presentaron las denuncias que dieron pie a esta nueva investigación.

La Fiscalía tiene antecedentes de que cerca de mil personas accedieron a estos créditos y 150 ya estaban morosas por lo que se había iniciado el proceso de remate de sus propiedades.

El tribunal decretó un plazo de investigación de 6 meses.

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