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Estudiantes de UPV apoyan labor de la Fiscalía Oriente por caso lucro en universidades

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La Federación de Estudiantes de la Universidad Pedro de Valdivia de Antofagasta entregó su apoyo a la labor investigativa del fiscal jefe de Ñuñoa, Carlos Gajardo, que posibilitó formalizar cargos contra el fundador y ex-rector del plantel, Ángel Maulén; el otrora presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, y el ex rector de la U. del Mar, Héctor Zúñiga.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dejó este sábado en libertad y sujetos a medidas cautelares a los tres imputados en las indagatorias por el lucro en las universidades.

Según los estudiantes lo anterior “permitirá a nuestro modo de ver los acontecimientos, una investigación profunda a los fraudes encabezados por el fundador, ex-rector, dueño y socio de la Universidad Pedro de Valdivia, derribando el mito del lucro en la institución y así esclarecer qué se hacía con los dineros de más de 10.800 estudiantes, con sus sueños y aspiraciones profesionales”.

En un comunicado a la comunidad Upeviana, el presidente de la Federación de Estudiantes de la UPV Antofagasta, Andrés Rojas Gaona, señaló que “no se debe olvidar que esto es sólo el comienzo, aún quedan muchas interrogantes por contestar, el proceso se ha abierto a las personas y es hora de que nosotros sepamos quién se hacía rico a nuestras expensas”.

El dirigente pese a destacar el gesto del ministro de Educación, Harald Beyer, “lo consideramos insuficiente, pues hoy las instituciones ligadas a la educación fallaron y seguirán fallando mientras nadie garantice la educación en este país, hasta entonces todo gesto será insuficiente”.

Además puntualizaron que “han fallado las instituciones públicas y privadas, por ahora sólo podemos confiar en que la justicia determine en qué grado y en cuáles aspectos”.

En tanto, las autoridades de la UPV emitieron una declaración de prensa en la que lamentaron la decisión tomada por el Ministerio Público en contra del fundador de la universidad, definiéndola de “claramente desproporcionada”, pues “no se ajusta a la elemental presunción de inocencia en un estado de derecho”.

“Esta situación, en todo caso, no altera en absoluto el normal funcionamiento de la universidad, que bajo la conducción de su junta directiva y las autoridades académicas y administrativas, continúan con el calendario académico fijado, y su proyecto educativo de largo plazo, en pleno crecimiento, como universidad autónoma, con carreras acreditadas, títulos y grados plenamente válidos, reconocidos por el Estado”, consigna la nota.

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