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Decretan prisión preventiva para los 16 imputados de red de explotación sexual infantil

Karen Soto (RBB)
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El juez del 11° Juzgado de Garantía de Santiago Leonardo Varas, decidió dejar en prisión preventiva a cada uno de los 16 imputados por una presunta red de explotación sexual infantil.

El juez dio por acreditado cada uno de los hechos -4 en total- que acusó el Ministerio Público. Uno de ellos es promover y facilitar la explotación de menores en cuanto a 4 mujeres, dos regentas y dos secretarias y captadoras de menores para estos prostíbulos que funcionaban de manera clandestina y cuyos clientes, 12 de ellos, han sido formalizados.

Según Varas, también se da por acreditado el delito de obtención de servicios sexuales de menores para todos los imputados, quienes arriesgan la pena de presidio menor en su grado máximo.

Otro de los delitos confirmados por el juez es la tenencia ilegal de municiones, en cuanto a los imputados Julia López y Enrique Manzur.

Finalmente también se acreditó el cuarto delito, almacenamiento de pornografía infantil, decretando a su vez la participación de Genaro Fernández, a quien se le encontraron 772 fotografías y 10 videos de menores de edad en actos de connotación sexual. Arriesga la pena de presidio menor en su grado medio.

En cuanto a lo que alegaban las defensas, de que presuntamente los imputados desconocían la edad de las menores que hoy se conocen como víctimas, Varas dijo que estaba claro que no eran mayores de edad y que, incluso, las escuchas telefónicas daban cuenta que algunos preferían a las más jóvenes y que, además, era más lucrativo para las dueñas de los prostíbulos.

El tribunal estableció un periodo de 90 días para la investigación, durante el cual los imputados serán trasladados a un centro penitenciario para cumplir prisión preventiva, al considerar el juez que representan un peligro para la seguridad.

Los hombres al penal Santiago 1 y las mujeres hasta el centro penitenciario femenino, ubicado en la comuna de San Miguel.

Cabe destacar que la investigación judicial, bautizada como ‘Operación Heidi’ por la Policía, se extendió por cuatro meses y contempló la utilización de extensas escuchas telefónicas entre los que se cree serían clientes y las regentas.

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