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Protestas sociales antimineras en Perú ponen en jaque al gobierno saliente

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La revocación de la concesión a una minera canadiense y el cese de esa actividad en Puno, sureste de Perú, que puso fin a protestas que el viernes dejaron cinco muertos, generó preocupación entre empresarios, para quienes esas decisiones se debieron a un gobierno acorralado.

El gobierno saliente peruano promulgó el sábado cinco leyes, entre ellas la revocatoria de la concesión a la minera canadiense Bear Creek, que había solicitado autorización para adquirir siete derechos mineros en la zona de frontera con Bolivia.

Las leyes fueron publicadas en la gaceta oficial El Peruano y recogen en lo esencial los reclamos de los manifestantes de la etnia aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, y de campesinos quechuas al norte de esa región peruana.

La primer ministra Rosario Fernández defendió el sábado el proceder del gobierno y afirmó que las nuevas normas fueron fruto de un diálogo con los campesinos de Puno.

Las nuevas leyes deberían contribuir a apagar el incendio social en esa región pobre del país, que vive principalmente de la agricultura y donde la protesta antiminera dejó cinco campesinos muertos el viernes tras intentar tomar el aeropuerto de Juliaca.

Fernández justificó el retiro del permiso a Bear Creek porque “el gobierno detectó que la persona natural que formuló el petitorio minero en su momento no reveló que también era apoderado de la compañía canadiense”.

“No se trata ni de una indiferencia del Ejecutivo ni tampoco de una reacción lenta del Ejecutivo, la reacción ha sido oportuna”, enfatizó en declaraciones a la radio RPP.

“Tenemos un encargo legal de ejercer autoridad de gobierno hasta el 28 de julio y así lo vamos a hacer”, dijo Fernández, quien es también ministra de Justicia, al desestimar versiones de una supuesta parálisis del gobierno, que a fines del mes próximo entregará el poder al presidente electo Ollanta Humala.

La sensación en medios empresariales, sin embargo, es que las medidas no son una buena señal para el mercado y fueron tomadas por un gobierno acorralado que desea llegar rápido al cambio de gobierno.

El presidente de Alan García entregará el poder a Humala, un nacionalista de izquierda que ha anunciado nuevos impuestos para las compañías mineras y que ha exhortado a una tregua social.

Los empresarios y exportadores peruanos han visto con mala cara la situación: “Esta medida es una pésima señal para los inversionistas”, dijo Alfonso García Miró, presidente de Comex, gremio privado de los exportadores locales.

“Hemos pasado un momento político complicado y lo menos que podemos hacer es dar más señales que el Perú está en contra de la inversión y ésta es una de ellas”, acotó el representante de Comex.

“Los revoltosos consiguieron lo que estaban buscando: muertos y heridos. Las cosas se han salido de control”, dijo de su lado el sociólogo y ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, citado por el diario Perú21.

“El gobierno no debe ceder ante esta presión pues seguramente otros departamentos harán lo mismo y el Perú se quedará sin minería”, advirtió Rospigliosi.

La canadiense Bear Creek tenía previsto invertir 71 millones de dólares para producir cinco millones de onzas de plata en los siguientes cinco años en la mina Santa Ana, que tiene reservas de 63,2 millones de onzas de plata y está ubicada en la zona que obtuvo bajo concesión.

La cancelación de este proyecto minero es el segundo en lo que va del año, luego que en abril protestas sociales de campesinos obligaron al gobierno a rechazar el proyecto cuprífero Tía María, del grupo México.

Las protestas antimineras tienen como eje principal el temor a la contaminación de los ríos y aguas que sirven para sembrar tierras en el sur peruano, donde los campesinos viven en base a la agricultura.

Perú es el segundo productor mundial de plata y cobre, además del sexto productor de oro.

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