El gobierno boliviano estudia una eventual reversión al Estado de unas 4.000 concesiones mineras, entre ellas tres pertenecientes a la suiza Glencore y una a la canadiense Pan American Silver, informó el ministro de Minería, José Pimentel, este jueves en rueda de prensa.
Pimentel dijo que las minas susceptibles de ser confiscadas, a causa de posibles incumplimientos, incluyen a Colquiri, Porco y Bolívar (generanciadas por la empresa Sinchi Wayra, filial de la suiza Glencore) y San Vicente (en riesgo compartido con la canadiense Pan American Silver).
El presidente Evo Morales había sugerido la semana pasada que la medida podría ser tomada este 1 de mayo, pero Pimentel aseguró que el plazo podría ser diferido.
Mientras, San Cristóbal (otra empresa minera, administrada por el grupo japonés Sumitomo), el yacimiento de zinc, plata y plomo más grande de Bolivia, no corre riesgo, según Pimentel, debido a que no fue concesionada por el Estado porque siempre perteneció a capitales privados.
El titular de Minería, un ex dirigente sindical del sector, dijo que a pedido de los sindicatos mineros se está “estudiando la recuperación de empresas mineras estatales que pasaron al sector privado” a mediados de los años 90.
El gobierno dice sospechar que algunos contratos fueron suscritos amparados en “trampas judiciales” que permitieron la “enajenación de los recursos estatales”.
El presidente Morales nacionalizó en 2007 una planta fundidora de estaño de la firma Glencore y luego otra inactiva de antimonio en la región de Oruro, una rica región minera.
Glencore opera en cinco yacimientos bolivianos en las regiones de Potosí y Oruro en la explotación de estaño, plata, plomo y zinc.
