Con el fin de que se investiguen las condiciones y contrato del servicio de aseo acordado entre la Municipalidad de Valparaíso y Cosemar, concejales de la ciudad puerto presentaron antecedentes en la Contraloría Regional para que se defina la legitimidad del acuerdo.
“Las cosas no se están haciendo bien, está a la vista que la ciudad vive una situación de abandono”, fue lo que señaló la concejal Paula Quintana luego de presentar los antecedentes en Contraloría con el fin de que se investiguen las causas de por qué se adjudicó la licitación a la empresa de aseo Cosemar por un valor que supera el doble de lo estipulado en el valor referencial.
Más de $130 millones mensuales deberá cancelar el Municipio porteño por un servicio de aseo que estaba estipulado referencialmente en $65 millones, dijo Quintana luego de presentar esta solicitud de investigación a la Contraloría junto a las ediles Zuliana Araya y Ruth Cáceres.
Paula Quintana señaló que, bajo su punto de vista, se están tomando malas decisiones y se hace necesario un mayor análisis de la situación.
Agregó que en el caso de que el precio de referencia estuviese subestimado, la licitación debiese realizarse de nuevo.
Hace unas semanas las mismas ediles presentaron antecedentes ante el ente contralor para que se revisara el contrato pactado entre la Municipalidad porteña y la empresa concesionaria a cargo de los parquímetros del centro de la ciudad.
Por su parte, el alcalde Jorge Castro se mostró sorprendido por la presentación, señalando que en la sesión de Concejo Municipal del lunes se modificó el presupuesto considerando el pago de la concesión completa para el año del servicio de aseo, lo que no se condice con lo solicitado por las concejalas.
Castro señaló que todo el procedimiento se hizo de manera transparente y que los cambios entre el valor referencial y el valor final se basan en variaciones de jornadas de trabajo, dando a entender que las concejales no habrían manifestado mayor interés en informarse al respecto.
Según estima, la falta de indagación es un tema que “será castigado por la ciudadanía porteña”.
El alcalde reconoció que dentro de las retribuciones de los concejales se encuentra asistir a la Contraloría cuando las decisiones no son muy claras. Sin embargo, afirmó que la ejecución presupuestaria se efectúa seis meses antes, por lo que esto se habría acordado e informado a los mismos ediles a fines de 2014.
Por su parte, la concejal Paula Quintana señaló que esperará el pronunciamiento del ente contralor para las próximas semanas, en base a la investigación de las decisiones que se han tomado en la Municipalidad porteña.
