Años más tarde, décadas incluso, los afectados dicen que jamás se consigue la reparación total del dolor que inexplicablemente les infligieron siendo tan sólo unos niños y que el miedo siempre vuelve. Sin embargo, el Estado tiene el deber de buscar que el castigo a tan deleznable delito, como es el abuso infantil, sea el más severo que permite nuestro orden legal.
A mediados del mes de junio, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la cual presido, comenzamos la discusión de un proyecto de ley que dispone una serie de medidas adicionales para combatir de manera resuelta el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, que fue aprobada esta semana en nuestra comisión, busca extender a diez años el periodo de control para que los condenados por delitos de este tipo opten a la eliminación de antecedentes penales, sin importar si se trata o no de la primera condena. También aumenta la penalidad del delito de comercialización, importación, exportación, distribución, difusión o exhibición de material pornográfico infantil e incrementa los períodos de observación y cumplimiento de la pena impuesta para acceder al beneficio de la libertad condicional.
Se trata de un proyecto que va en la misma senda de otras leyes ya aprobadas durante este gobierno, como la de Monitoreo Telemático de Abusadores o la del Registro de Pedófilos, que establece la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de profesiones o cargos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.
Queremos que su tramitación avance lo más rápido posible. Al igual que las asociaciones de padres y madres de niños abusados, creo que el aumento de un 22 por ciento en la tasa de denuncias de abusos sexuales contra menores de 14 años registrada en 2012, respecto al periodo anterior, no sólo habla de una sociedad que es capaz de enfrentar el problema, sino que también nos llama a poner urgencia a todas las medidas que busquen prevenir y castigar adecuadamente a los infractores.
Si bien este drama no termina sólo con una ley más estricta, los avances en materia legislativa son una buena señal de que como sociedad no estamos dispuestos a soportar el actuar de quienes dañan a nuestros niños y jóvenes, y que avanzaremos siempre en la necesaria reparación de las víctimas.
Agencia UNO
Cristián Monckeberg es abogado y diputado por las comunas de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Puedes conversar con él en Twitter en la cuenta @cmonckeberg
