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Este miércoles se dio a conocer que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por su participación en los delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial. La acción penal también apunta a involucrados del Caso Audios.

La querella fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y está dirigida, además, contra los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas y Samuel Donoso, así como contra el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

El CDE atribuye a estos últimos participación, en calidad de autores, en el delito de soborno, sin perjuicio de otros ilícitos que puedan establecerse en la investigación del Ministerio Público en el marco del Caso Audios.

En este contexto, la querella apunta a los antecedentes de la investigación que darían cuenta de una red de relaciones personales entre Hermosilla, Vargas y Donoso, quienes habrían realizado gestiones para favorecer el nombramiento de Ulloa como ministro, así como la designación de terceros en cargos del Poder Judicial.

La querella: favores y dineros

La querella detalla diversas acciones destinadas a entregar beneficios al exministro.

De acuerdo con el CDE, los abogados habrían ofrecido o aceptado entregar beneficios con el objetivo de que, una vez que Ulloa asumiera el cargo, resolviera distintas causas en favor de sus intereses.

Asimismo, se le atribuye la entrega de información reservada que habría obtenido en el ejercicio de su cargo, entre ellos, antecedentes de acuerdos, votaciones y asuntos disciplinarios de tribunales superiores antes de que estos fueran públicos.

La acción judicial también describe cómo Yaber habría transferido periódicamente a Ulloa cerca de $74,3 millones entre febrero de 2019 y abril de 2025, período en que el exministro habría intervenido a su favor en un proceso destinado a proveer el cargo de conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago.

El Consejo de Defensa del Estado sostiene que estos hechos revisten especial gravedad, pues afectan el Estado de Derecho y principios fundamentales como la igualdad ante la ley.