Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), permanece en prisión desde 2022 y actualmente cumple una pena de 23 años de cárcel efectiva, luego que la justicia estableciera su responsabilidad en una serie de hechos ocurridos entre 2020 y 2022.
Su caso volvió a la contingencia este miércoles, luego que se conociera que el diputado franco-chileno Rodrigo Arenas le otorgó una medalla de la Asamblea Nacional de Francia, reconocimiento que fue recibido en París por su hijo, Ernesto Llaitul. Según explicó el parlamentario francés, la distinción buscó visibilizar la situación y las reivindicaciones del pueblo mapuche. Durante la ceremonia, el hijo del líder de la CAM sostuvo que su padre es víctima de una persecución política y defendió demandas como la recuperación territorial y la autonomía.
No obstante, detrás de la pena que actualmente cumple Llaitul existen cinco delitos acreditados por la justicia, que van desde declaraciones públicas y llamados contra empresas forestales hasta la ocupación de predios, el hurto de madera y un episodio armado en el que resultaron heridos dos carabineros.
Los llamados contra las empresas forestales
El primero de los hechos se remonta al 8 de enero de 2020, cuando Llaitul realizó declaraciones afuera del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, luego de conocerse una condena contra Daniel Canio Tralcal.
En esa oportunidad, el líder de la CAM llamó a las comunidades a mantenerse activas en la confrontación contra las empresas forestales. El tribunal estableció que esas declaraciones constituían un llamado a realizar acciones violentas contra instalaciones relacionadas con ese sector productivo.
Un segundo episodio ocurrió el 24 de junio de ese mismo año, durante una entrevista con Radio Universidad de Chile. Allí Llaitul se refirió a las acciones desarrolladas por la CAM y sus Órganos de Resistencia Territorial (ORT), además de asegurar que estaban preparados para un eventual enfrentamiento armado.
La justicia consideró que esos dichos promovían y justificaban el uso de la violencia como herramienta para conseguir objetivos políticos y territoriales. Ambos episodios fueron sancionados bajo la Ley de Seguridad del Estado.
La ocupación de un fundo y el enfrentamiento con Carabineros
El tercer hecho ocurrió el 10 de febrero de 2021 y, a diferencia de los anteriores, estuvo relacionado con una acción desarrollada en terreno.
Ese día, según estableció la justicia, Llaitul participó en la ocupación de un predio ubicado en la comuna de Victoria. El Ministerio Público acreditó su participación mediante conversaciones telefónicas, registros de la ubicación de su teléfono y testimonios presentados durante el juicio.
Durante el procedimiento para desalojar el lugar se produjo además un enfrentamiento con armas de fuego con Carabineros. Por la ocupación del terreno, Llaitul fue responsabilizado por usurpación violenta.
Hurto de madera y dos carabineros heridos
El cuarto hecho ocurrió en marzo de 2021, en el fundo Renaco Pastales, ubicado en Cholchol y perteneciente a la empresa Bosques Cautín.
El tribunal estableció que miembros de la CAM, coordinados por Llaitul, ingresaron al predio y participaron en la extracción de madera. El perjuicio económico fue calculado en $425 millones.
En el mismo contexto se produjo un ataque armado en el que dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos por disparos.
Este episodio derivó en responsabilidades por ocupación violenta del predio, hurto de madera y atentado contra la autoridad. Fue, además, uno de los hechos que concentró una parte importante de las penas de cárcel impuestas al líder de la CAM.
Las declaraciones de 2022
El quinto hecho corresponde a una serie de entrevistas difundidas en julio de 2022 por el medio Chile Today News.
En esas intervenciones, Llaitul abordó públicamente la estrategia de la CAM, reivindicó la resistencia armada y defendió acciones de sabotaje contra maquinaria y bienes vinculados a grandes empresas.
La justicia concluyó que estas declaraciones promovían o justificaban métodos violentos para alcanzar determinados objetivos políticos, económicos o sociales. Por ello fueron consideradas, junto con sus dichos de 2020, dentro de las infracciones a la Ley de Seguridad del Estado.
Cómo se componen los 23 años
Finalmente, el 7 de mayo de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco fijó las penas: 15 años de cárcel por delitos contra el orden público contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, cinco años por el hurto de madera y tres años por atentado contra la autoridad.
A ello se sumaron multas de 11 UTM por el hurto y de 15 UTM por las ocupaciones violentas de los predios.
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