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Toda democracia constitucional descansa sobre un principio elemental: quienes ejercen el poder deben aceptar que existen instituciones llamadas a controlarlos. No basta con ganar elecciones. Gobernar democráticamente supone, también, reconocer la legitimidad de los contrapesos, incluso —y sobre todo— cuando sus decisiones resultan incómodas.
Durante los primeros meses del gobierno del presidente José Antonio Kast, se ha comenzado a instalar una práctica preocupante en sectores de la derecha: cada vez que una institución adopta una decisión contraria a sus intereses, la respuesta no se limita a discrepar, recurrir o corregir el proyecto cuestionado; se pone en duda la legitimidad del órgano, se anuncian reformas a su composición o atribuciones, se presiona políticamente a sus integrantes o se propone cambiar la propia Constitución para obtener, por otra vía, aquello que el ordenamiento jurídico impidió.
Enfrentamos señales de erosión democrática que denunciamos y rechazamos, porque estamos a tiempo de impedir que estas prácticas destruyan nuestra democracia.
El episodio más reciente ocurrió con la Contraloría General de la República. El organismo concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones y faltó a su deber de abstención al solicitar a la Policía de Investigaciones antecedentes vinculados a una causa que había conocido anteriormente como fiscal regional. Tras el dictamen, altos directivos del Partido Republicano y de la UDI, acusaron a la Contraloría, encabezada por Dorothy Pérez, de haberse excedido en sus atribuciones.
La secuencia se repite con el Tribunal Constitucional. Después de que el TC declarara inconstitucionales disposiciones centrales del proyecto de “Escuelas Protegidas”, dirigentes oficialistas acusaron al Tribunal de sustituir al Congreso, actuar como una “tercera Cámara” y evidenciar una supuesta ideologización.
Inmediatamente, surgieron iniciativas para modificar el funcionamiento y la conformación del órgano. El Partido Nacional Libertario anunció una reforma destinada a eliminar el voto dirimente de quien preside el Tribunal, precisamente después de que ese mecanismo incidiera en el fallo contrario al Gobierno.
Por su parte, el senador republicano Rojo Edwards anunció una modificación al sistema de designación de sus ministros. Pero la reacción frente al fallo fue aún más reveladora: la bancada de la UDI anunció una reforma constitucional para reponer la prohibición de acceder temporalmente a la gratuidad universitaria que el Tribunal Constitucional había declarado contraria a la Carta Fundamental. Es la Constitución usada como recurso de insistencia.
La presión también ha alcanzado al Poder Judicial. En mayo, la bancada de la UDI pidió formalmente al presidente Kast que utilizara una atribución constitucional para solicitar a la Corte Suprema la remoción de un juez. La petición se produjo semanas después de que el magistrado decretara la prisión preventiva del exdiputado UDI Joaquín Lavín León, aunque los parlamentarios fundamentaron su solicitud en antecedentes que ya habían sido considerados y desechados por el poder judicial.
Así, si una disposición no supera el examen de constitucionalidad, se modifica la Constitución. Si no existen las mayorías o fundamentos suficientes para aprobar una ley, se intenta constitucionalizarla. Si un juez falla en un sentido adverso a los intereses de la derecha, se busca destituirlo. Si el órgano de control objeta una actuación, se revisan las facultades del órgano. La regla parece ser sencilla: las instituciones son respetables mientras no obstaculicen el programa del Gobierno.
No son hechos aislados; y tampoco son voces periféricas las que anuncian que las bases institucionales son negociables, que la democracia es frágil y las reglas constitucionales son a la medida. Lo anterior es una evidente amenaza para nuestra democracia constitucional, porque los hechos y declaraciones vertidas, cuando son consideradas en su conjunto, muestran una forma de relacionarse con el Estado de derecho en los que el poder político se reconoce a sí mismo como depositario de la voluntad popular y comienza a mirar los controles como interferencias burocráticas, judiciales o ideológicas. Esa concepción confunde mayoría electoral con poder absoluto, porque una elección otorga el derecho a gobernar, pero no concede el derecho a prescindir de los contrapesos y menos perforar las bases institucionales.
La paradoja histórica es difícil de ignorar. Durante décadas, la derecha chilena defendió la Constitución de 1980 invocando la estabilidad institucional, la supremacía constitucional y la necesidad de impedir que mayorías circunstanciales alteraran las reglas fundamentales. Se opuso a muchas transformaciones argumentando que la Constitución no podía convertirse en un programa gubernamental. Hoy, cuando esa misma Constitución y las instituciones democráticas que regula limitan o cuestionan algunas iniciativas del Gobierno, aparece la tentación de reformarla artículo por artículo para sortear cada dificultad política o judicial.
La defensa de la institucionalidad exige coherencia. Quienes acudieron ayer a la Contraloría deben aceptar hoy sus dictámenes. Quienes defendieron por décadas al Tribunal Constitucional deben respetarlo, también, cuando invalida una norma propia. Quienes proclaman la independencia judicial no pueden convertir la remoción de jueces en una extensión de la disputa política.
La erosión democrática rara vez comienza con el cierre del Congreso o la supresión abierta de los tribunales, suele comenzar antes: cuando se instala la idea de que toda institución que limita al gobernante está extralimitándose; cuando el control es presentado como obstrucción; cuando los jueces son clasificados según a quién perjudican; y cuando la Constitución se modifica cada vez que se interpone entre el Gobierno y sus objetivos.
Con todo, las instituciones no están para darle siempre la razón al poder, están para impedir que el poder crea que siempre tiene la razón.
Jaime Araya
Diputado de la República (IND-PPD)Marcos Barraza
Diputado de la República (PC)Jorge Díaz
Diputado de la República (DC)Lorena Fries
Diputada de la República (FA)Marcela Hernando
Diputada de la República (PR)Raúl Leiva
Diputado de la República (PS)
