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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó un arancel del 25% a productos brasileños tras una investigación comercial, siendo criticado por el secretario de Estado, Marco Rubio, por falta de negociación de Brasil. El embajador estadounidense acusó a Brasil de prácticas desleales que perjudican a empresas tecnológicas y agricultores estadounidenses. Brasil responderá con medidas de reciprocidad.

El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) confirmó este miércoles la imposición de un arancel del 25% a determinados productos procedentes de Brasil, una medida ordenada por el presidente Donald Trump tras la conclusión de una investigación comercial iniciada hace un año bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aplaudió la medida, asegurando que responde a que el Gobierno que preside Luiz Inácio Lula da Silva no ha negociado “de buena fe” con Washington.

En un mensaje publicado en la red social X, Rubio aseguró que Trump ordenó al Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) aplicar los gravámenes y sostuvo que “no debe haber confusión” sobre el motivo de la medida. Según dijo, Lula ha antepuesto “su propio ego” durante el último año en lugar de alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó además que las políticas económicas del mandatario brasileño son “malas para los estadounidenses y malas para los brasileños” y responsabilizó al Gobierno de Brasil de no haber logrado un entendimiento comercial con Estados Unidos.

El embajador y representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, afirmó que los nuevos gravámenes buscan proteger los intereses económicos estadounidenses frente a prácticas comerciales que considera desleales.

Según dijo Greer, las negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no lograron resolver las diferencias, aunque aseguró que Washington mantiene abierta la puerta para continuar el diálogo.

Greer acusó además a Brasil de perjudicar a empresas tecnológicas estadounidenses, de retroceder en la aplicación de medidas anticorrupción y de permitir que agricultores brasileños obtengan ventajas competitivas mediante el uso de tierras deforestadas ilegalmente, lo que, a su juicio, ha dificultado el acceso de trabajadores, productores y exportadores estadounidenses al mercado brasileño.

La investigación incluyó consultas formales con el Gobierno de Brasil, dos audiencias públicas y el análisis de más de 360 comentarios escritos presentados por particulares y organizaciones.

Además, 77 testigos comparecieron en las audiencias celebradas este mes antes de que la Administración Trump adoptara la medida definitiva.

Brasil activa su ley de reciprocidad contra aranceles de EEUU

En respuesta, el Gobierno de Brasil anunció que iniciará “inmediatamente” los trámites para aplicar la ley de reciprocidad contra los aranceles del 25% decretados por EEUU.

“El 15 de julio de 2026 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable”, señaló la Presidencia brasileña en una nota, compartida por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes sociales.

La Administración de Lula rechazó la decisión de la Administración Trump de “imponer aranceles del 25 % a los productos brasileños, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974”.

“No existe justificación para adoptar medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio Gobierno estadounidense, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años un superávit de 424.500 millones de dólares en el comercio con Brasil”, aseveró el comunicado.

Brasil informó entonces que “iniciará de inmediato los trámites para activar los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad”, y que “volverá a plantear el asunto en el marco del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) inició hace un año una investigación y concluyó que varias prácticas del Gobierno brasileño son “irrazonables” y restringen el comercio estadounidense.

Entre esas políticas citó el sistema electrónico de pagos automáticos (PIX), la aplicación de las normas para combatir la corrupción, las leyes de protección de la producción intelectual, el acceso al mercado de etanol y la deforestación ilegal.

“Brasil no reconoce la legitimidad de investigaciones que no estén amparadas por las normas multilaterales de comercio”, sostuvo.

Además, el texto recordó que, en 2025, un 76% de las importaciones procedentes de Estados Unidos entraron en Brasil sin pagar aranceles de importación, y que el gravamen medio aplicado efectivamente a los productos estadounidenses fue de apenas el 3,1%.

El Gobierno de Lula subrayó también que nunca ha abandonado la mesa de negociación a lo largo del último año, periodo durante el cual asegura que presentó “pruebas que refutan todas las acusaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales”.

El Ejecutivo brasileño también salió en defensa de su sistema de pagos PIX y de la regulación de las redes sociales, y garantizó que no renunciará “a proteger a las familias y a los niños frente a la codicia de un puñado de ‘tecnooligarcas"”.

Gobierno de Lula culpa de familia Bolsonaro por aranceles de EEUU

Igualmente, el comunicado acusó de ‘tarifazo’ a las maniobras de la familia Bolsonaro, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones presidenciales, que se perfilan como un pulso entre Lula y el hijo mayor del líder ultraderechista, el senador Flávio Bolsonaro.

“Es lamentable constatar que el desafortunado desenlace de las investigaciones basadas en la Sección 301 forma parte de un relato construido con la activa colaboración de la familia Bolsonaro”, señaló la nota del Gobierno.

Y completó: “Son falsos patriotas que planearon y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales.

Bolsonaro, actualmente, cumple en casa una pena de veintisiete años de cárcel por un intento de golpe de Estado contra Lula.

Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del exmadatario ultraderechista, también fue condenado el mes pasado por la Corte Suprema de Brasil a cuatro años de prisión en régimen inicial semiabierto por impulsar desde EE.UU. sanciones contra Brasil para torpedear el juicio contra su padre por golpismo.

Por último, Flávio Bolsonaro envió una carta a la Administración Trump en la que pidió el aplazamiento de los aranceles hasta después de las elecciones ante el temor de que la medida favorezca a Lula.

“No se puede amar a Brasil solo cuando se ganan las elecciones. Proteger nuestra soberanía es una obligación que está por encima de todos los partidos y de todas las tendencias. El Gobierno brasileño no vacilará en su deber de preservarla”, respondió el Ejecutivo de Lula.