Argentina se equivoca

Argentina se equivoca al intentar arrastrar a Chile a su conflicto con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago de las islas Falkland/Malvinas (y por extensión instrumentalizar nuestro apoyo a “la causa de Malvinas” para validar sus pretensiones de soberanía sobre las islas Georgias, Sándwich, Orcadas y Shetland del Sur, y parte sustantiva de la Península Antártica).

Sostengo lo anterior a propósito del “grave malestar” que causó en dicho país la recalada en Punta Arenas del patrullero británico HMS Medway (temporalmente destacado en Port Stanley). Su presencia en el estrecho de Magallanes ameritó -según diversas fuentes- una dura “Nota de protesta” ante el gobierno chileno.

Argentina sostendría que, al autorizar la recalada de la nave británica, Chile violó la “neutralidad del estrecho de Magallanes”. Eso, conforme con su particular interpretación de la norma sobre la “neutralidad permanente” de dicho pasaje interoceánico (íntegramente chileno), prescrita en el Tratado de Límites de 1881, y ratificado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 (TPA).

Argentina interpretaría que -además- Chile habría incumplido “un compromiso” con el Mercosur (que data del gobierno Piñera 1), respecto de prohibir en nuestros puertos la recalada de buques británicos provenientes de las islas Falkland/Malvinas.

En definitiva, “por nota diplomática”, Argentina habría acusado a Chile de contribuir a la “consolidación de la soberanía británica” en las Falkland/Malvinas, archipiélago que, como sabemos, considera parte de su territorio.

En esto, como en otras cosas, Argentina se equivoca: Chile no es (ni debe ser) parte del “problema de Malvinas”.

La neutralidad del estrecho de Magallanes

Estamos en presencia de una acusación argentina que, en concreto, reclama a Chile la “violación los tratados vigentes”. Gravísimo.

No es así. Primero, porque en el contexto jurídico en el que la “neutralidad del estrecho de Magallanes” fue establecida (primero unilateralmente por Chile y luego incluida en los compromisos de 1881), tal medida se entendía aplicable a naves de “países beligerantes en conflictos armados”. Por esa razón, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Chile prohibió “a todos los beligerantes” el uso del estrecho (salvo el paso ininterrumpido para “cambiar de océano”).

Lo anterior además porque, paralelamente, en las aguas del estrecho se aplica el principio de “libre navegación para todas las banderas”, incluidas aquellas de Argentina y del Reino Unido (y/o de las islas Falkland). En esto cualquier excepción importaría una violación de los compromisos pactados en 1881 y 1984.

Entendemos, además, que entre Argentina y el Reino Unido no existe un “estado de guerra”, es decir, a ninguno de esos países resulta aplicable la categoría de “beligerante” para, en función del “principio de neutralidad”, prohibir que sus naves -militares o mercantes- recalen en Punta Arenas (o cualquiera de nuestros puertos en el estrecho). Chile no tiene conocimiento de que el HMS Medway pretenda usar el estrecho de Magallanes para, literalmente, atacar instalaciones estratégicas argentinas. Sostener lo contario es delirante.

Desde otro ángulo, si fuera correcto el argumento argentino que acusa a Chile de violar la “neutralidad del estrecho” (al permitir la recalada de una nave de bandera británica, ergo de un país supuestamente “beligerante”), por igual motivo deberíamos prohibir la recalada de naves de bandera argentina (mercantes o de la Armada Argentina) que, teóricamente, pudieran prepararse para atacar activos estratégicos británicos. Ridículo.

Adicionalmente, prohibir el acceso a una nave del Reino Unido (país con el cual -por 200 años- Chile mantiene normales relaciones diplomáticas) constituiría una violación no solo a la “neutralidad” del pasaje, sino a la “libre navegación” de sus aguas, en tanto ese principio de Derecho Internacional está consignado en los tratados bilaterales (1881 y 1984) y, también, en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar, normativa sobre los “estrechos utilizados por la navegación internacional”).

La falacia de la supuesta alianza anti-argentina entre Chile y el Reino Unido

Ni el gobierno, ni la clase política, ni las FF.AA., ni la sociedad chilena son, “por default”, anti-argentinas. En esto el delirio chauvinista argentino se equivoca interesadamente.

Tampoco es cierto que exista una “alianza” con el Reino Unido, derivada de la “cooperación chilena” para “asegurar el triunfo británico” en el conflicto de 1982.

Si es cierto que, durante dicho conflicto, Chile puntualmente aportó información al gobierno británico, es falacioso atribuir a ese apoyo puntual la rendición de las fuerzas argentinas ante un adversario tres (y cuatro) veces menos numeroso, y con sus fuentes de suministro a miles de kilómetros distancia. La derrota argentina de 1982 es atribuible, únicamente, a las FF.AA. argentinas.

También hay recordar que esa colaboración puntual chilena ocurrió durante la Mediación Papal, periodo durante en el que, primero, se encontraba plenamente vigente el llamado “Plan Rosario/Operación Soberanía” (invasión del sur de Chile) y, segundo, existía una permanente errática y prepotente conducta de parte de los negociadores argentinos, que en Chile se interpretó como una igualmente permanente amenaza de fracaso de las negociaciones.

Incluso, algunos analistas sostienen que, de haber tenido éxito en las Falkland, el gobierno y el mando militar argentino habrían iniciado un conflicto con Chile.

Igualmente, hay que recordar que, hasta abril de 1982, Argentina mantuvo relaciones normales con el Reino Unido, país que después del golpe militar que derrocó a Estela Martínez de Perón, siguió cooperando con la Junta Militar argentina. En 1976 y 1980 (en plena crisis con Chile), el Reino Unido entregó a la Armada Argentina dos importantes buques de guerra, que, tragicómicamente, luego fueron parte de la expedición que “recuperó las Malvinas para Argentina” (ARA Hercules y ARA Santísima Trinidad).

Durante el mismo periodo de crisis con Argentina, el gobierno británico negó toda cooperación a Chile, obligando a la Armada y a la FACH a complejas triangulaciones para, por ejemplo, mantener operativos algunos de nuestros buques y nuestra flota de Hawker Hunter. En Chile aún no hemos olvidado esa conducta británica.

También hay que anotar que la cooperación militar británica con la Junta Militar argentina ocurrió en el marco de la histórica e intensa relación bilateral, de la que uno de sus activos reside en la numerosa e influyente comunidad anglo-argentina (que partir del siglo XIX contribuyó a la modernización de la economía argentina).

Si de influencia (y cercanía) con el Reino Unido se trata, ésta es mucho más evidente en Argentina que en Chile. Así de simple.

Chile no debe equivocarse: el presidente Kast tiene la palabra

Chile no debe, de ninguna manera, aceptar ser arrastrado al “problema de Malvinas”. Ese es “un problema bilateral”. En este ámbito, recuperar la práctica de la “correcta doctrina de límites” con Argentina es de vital importancia.

Para ello, sin embargo, es necesario comenzar a “separar la paja del trigo”.

En lo inmediato, es urgente aclarar a la contraparte el verdadero sentido y significado del principio de “neutralidad permanente” del estrecho de Magallanes (inseparable del principio de “libre navegación para todas las banderas”).

No hacerlo no solo supondría considerar a las naves británicas como pertenecientes a un “país beligerante” (absurdo), sino que, por omisión, terminaría de validar la aspiración argentina que apunta a “coadministrar el estrecho de Magallanes”: al final, en Buenos Aires podrían decidir quién puede y quién no puede recalar en Punta Arenas. Plop!

Se trata de una tesis muy peligrosa que la Armada Argentina repite con insistencia refiriéndose a la “Boca Oriental argentina del estrecho de Magallanes”). Ese supuesto da por hecho que Argentina es corribereña de la Boca Oriental del estrecho de Magallanes. Si fuera así, entonces a ese país le asisten los derechos que la Convemar reconoce a los Estados ribereños sobre los “estrechos utilizados por la navegación internacional”. Otra vez: no es así.

Si en Chile aceptáramos tal pretensión, entonces la “transacción” pactada en 1881, es decir, nuestra renuncia unilateral a nuestros derechos sobre la Patagonia Oriental y al sector Este de Tierra del Fuego a cambio del reconocimiento formal argentino de que “el 100% del estrecho de Magallanes es chileno”, perdería todo sentido.

Para que nada de esto suceda, resulta imprescindible que Chile comience a preocuparse de estas complejas materias. Ello supone, sin embargo, comenzar por reconocer que nuestra diplomacia profesional no ha logrado impedir que llegáramos a estas confusas circunstancias. Hecho de la causa.

Está demostrado que, en materia de asuntos australes y antárticos concernientes a la relación con Argentina, la Cancillería chilena incurrió en sucesivos errores y omisiones que, en la medida que pasa el tiempo, hacen más difícil la defensa del interés permanente del país.

Entre los “errores tipo 1” de nuestra diplomacia se cuentan la citada firma del gobierno Piñera 1 de la “Declaración Mercosur” (para prohibir el acceso de naves provenientes de las Falkland/Malvinas), así como la postergación de la reacción nacional frente a la pretensión argentina de plataforma continental más allá de las 200 millas (que en miles de kms2 se sobrepone al territorio de Magallanes y Antártica Chilena).

También, que en el pasado reciente la Cancillería negara el acceso a Punta Arenas a otras naves británicas, generando enseguida “el precedente” que ahora resulta instrumental para la gravísima acusación argentina que refiero más arriba.

Todo esto sigue ocurriendo porque nuestra “diplomacia profesional” se resiste a entender que estamos en presencia de sucesivas reinterpretaciones de lo prescrito en el Tratado de 1984, en el que, por ejemplo, en presencia del Papa Juan Pablo II, ambos países se comprometieron a no presentar nuevas reclamaciones en el Mar de la Zona Austral. En 2009 Argentina ya incumplió esa obligación, argumentando su propia interpretación del TPA a la luz de -valga la redundancia- “su propia lectura de la Convemar”.

Estamos enfrentados a una situación compleja y potencialmente disruptiva del conjunto de la relación bilateral. De no aclararse las cuestiones magallánico-antárticas, podrían ponerse en tela de juicio iniciativas tales como el acceso a puertos del Norte chileno de la futura minería argentina, o el acceso a puertos del Biobío de la futura producción del yacimiento Vaca Muerta (Neuquén).

Eso amén de “imprevistos” para el tráfico binacional de personas y mercaderías, asunto de principal importancia no solo para las poblaciones de Aysén y Magallanes, sino también para los exportadores argentinos que usan Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio y Talcahuano, amén del abastecimiento de la Tierra del Fuego argentina (vía el cruce del chilenismo estrecho de Magallanes).

Todo indica que, para que esto no ocurra, es necesario que, en estas materias, Chile se aboque a desarrollar una verdadera política de Estado (la Zona Austral es cada vez más apetecida).

Sin embargo -vista la situación que afecta a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores- para que en el plazo más breve posible eso ocurra (y el interés de Chile esté convenientemente resguardado) resulta imprescindible la intervención directa y personal del propio Presidente de la República. Si eso no ocurre, la relación con Argentina en la Zona Austral seguirá deteriorándose.