¡Canta, oh diosa, la cólera de la izquierda chilena contra el Tribunal Constitucional! En realidad, hablemos de un enojo pasado, pues dicho organismo precipitó al Hades tantas leyes prometidas antes de tiempo que bien podrían haber logrado los avances sustantivos comprometidos en campañas y panfletos. En palabras del sabio abogado constitucionalista Fernando Atria, el TC era una institución “que tiene por finalidad arrebatarle al pueblo su poder de decisión” y formaba parte medular de la “trampa” de la Constitución de 1980. No hay que hurgar demasiado para encontrar la infinita cantidad de proclamas, libros y discursos contra el organismo.

Los proyectos de ley que buscaban empoderar a los ciudadanos o reformar los mercados eran meticulosamente desarmados un par de cuadras más allá del Congreso. No importaba el debate optimista en las cámaras; al final del día, la voluntad de las mayorías terminaba chocando con una muralla de ministros que resguardaban con celo casi místico el texto heredado de la dictadura. Fue así como la frustración parlamentaria acuñó ese apodo tan preciso como amargo: la Tercera Cámara.

Para explicar esta errante travesía institucional, bien vale evocar la Odisea y el peligroso paso por el estrecho de Mesina. Durante años, el Tribunal Constitucional operó como la temible Caribdis, aquel monstruo marino que bajo la forma de un torbellino implacable succionaba las aguas tres veces al día, convirtiéndose en el tope absoluto y fatal para el avance de la embarcación de Odiseo. La izquierda miraba ese remolino con horror, sabiendo que cualquier reforma sustancial que intentara cruzar por ahí sería tragada por el abismo jurídico.

Sin embargo, la política criolla posee un misticismo capaz de alterar la mitología: hoy, esa misma Caribdis, que antes destruía los mástiles reformistas, se ha convertido en una corriente extrañamente favorable. El monstruo ya no busca hundir el barco de quienes lo maldecían, sino que genera el impulso perfecto para salvarlos del oleaje adverso, demostrando que en el mar de las instituciones no hay amenazas eternas, sino corrientes que cambian según sople el viento del poder.

Los ejemplos de la antigua severidad del tribunal abundan y están grabados a fuego en la memoria de las huestes oficialistas. Cómo olvidar el año 2006, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando se aprobó la Ley de Subcontratación. Tras una ardua batalla legislativa, el senador Andrés Allamand recurrió al TC, logrando que el tribunal eliminara de un plumazo el artículo sobre el nuevo “concepto de empresa” que buscaba resolver el histórico problema del “multirut”. La reacción fue incendiaria: el entonces presidente del PS, Camilo Escalona, acusó con furia al TC de ser un “poder fáctico” capaz de pasar por encima de la voluntad de los gobiernos y de las mayorías de ambas cámaras.

Dos años después, en 2008, Caribdis volvió a golpear con un fallo que rozó lo confesional: acogiendo un requerimiento de 31 diputados de la Alianza por Chile, el tribunal prohibió la distribución de la píldora del día después en el sistema público de salud. Aquella intromisión directa en la política sanitaria generó marchas y un repudio generalizado, quedando como el ejemplo clásico de un tribunal actuando como un veto moral contra los sectores más vulnerables.

La racha de goles anulados continuó en las administraciones siguientes. Cuando el segundo gobierno de Bachelet celebraba haber anotado un tanto histórico con la gratuidad, el TC levantó la bandera de la “discriminación arbitraria”, pero no para frenarla, sino para extender el beneficio a las entonces odiadas universidades privadas, señaladas hacía poco por la propia izquierda como generadoras de lucro y de mala educación.

Otro caso famoso fue la reforma al Sernac, que después de la revisión del VAR constitucional quedó convertida en un león sin dientes, bajo el argumento de que fortalecer sus atribuciones fiscalizadoras atentaba contra las reglas del juego. Y qué decir del célebre fallo sobre la reforma laboral, donde el tribunal planteó que la titularidad sindical empañaba el paisaje de la libertad individual.

Pese a ese largo historial de agravios, hoy la izquierda en el Congreso levanta al TC como el sagrado templo donde irá a morir la megarreforma de Quiroz. Leyó bien: ese mismo tribunal que antes era objeto de los más encendidos epítetos y al que se juraba liquidar de una vez por todas, hoy es visto con ojos de esperanza.

Ocurrió lo que es lógico en un país donde se mueven las mayorías políticas y, por lo tanto, cambió también la composición de dicho organismo. Aquella institución que la derecha defendió durante décadas como el baluarte de la institucionalidad sufrió una metamorfosis en sus equilibrios internos. Los nombramientos se movieron, las mayorías mecánicas se diluyeron y, para sorpresa de los antiguos dueños de la cancha, el VAR empezó a cobrar las faltas hacia el otro lado.

Hoy en día, son los sectores conservadores los que miran con profunda sospecha los pasillos del tribunal. Aquellos que antes consideraban una falta de respeto a la República cualquier cuestionamiento a los fallos, hoy acusan con voz trémula que el organismo se ha politizado.

La derecha ha descubierto, para su propio horror, lo incómodo que es el traje que ellos mismos diseñaron y celebraron. Ahora que el viento no sopla siempre a favor y el VAR no anula automáticamente los goles de la izquierda, el tribunal ha pasado de ser el santuario de la sabiduría jurídica a un obstáculo ideológico.

Por su parte, la antigua cólera de la izquierda se ha convertido en devoción hacia quienes podrían salvar al país de una megarreforma apelando a que viola la Constitución de 1980. Sí, esa misma dama tramposa, impuesta por la fuerza y antidemocrática, que ahora se transforma ahora en la tabla de salvación. Como Odiseo atándose al mástil para sobrevivir al canto de las sirenas, la izquierda se amarra hoy a los cerrojos de la Constitución para frenar el avance de la reforma tributaria del gobierno.

Al final del día, la historia de nuestra Tercera Cámara y su sala de video arbitraje nos deja una lección magistral sobre el pragmatismo político criollo. Las instituciones son sagradas e independientes solo cuando fallan a favor de nuestros intereses. La Tercera Cámara sigue viva, ahora revestida con la legitimidad que le otorga el hecho de que la propia izquierda recurra a ella. Con un pronóstico aún incierto, el otrora enemigo público número uno es hoy es la esperanza para liquidar una reforma que ya cuenta con mayoría en la Cámara y con el voto 26 en el Senado.