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A primera vista, parecieran haber buenas noticias para el bolsillo de las familias, se anuncia una baja de 100 pesos en la bencina y la inflación chilena parece haber vuelto a puerto. El IPC general cerró junio con una variación a doce meses de 4,3%, exactamente la misma cifra de julio del año pasado. Un año entero para terminar donde empezamos: la foto que el Gobierno exhibe como estabilidad. Pero las fotos, ya lo sabemos, no muestran lo que pasa fuera del encuadre. Y fuera del encuadre está la alimentación.
Porque mientras el promedio se quedaba quieto, su composición cambió de manera silenciosa y profundamente regresiva. Los datos del propio INE muestran una aceleración en la inflación de alimentos: la división de alimentos y bebidas no alcohólicas pasó de un aumento de 2,5% a 4,2% en doce meses entre mayo y junio de 2026.
No son productos cualquiera: son la lista del súper y de la feria de cualquier semana, y son los que más pesan en el presupuesto de los hogares que menos tienen.
Ordenando los 81 productos alimenticios del IPC según su ponderación en el gasto de los hogares. El resultado es elocuente: los productos de mayor peso —papas, vacuno, pan, quesos, cecinas, huevos, verduras de estación— explica por sí solo el 60% de toda la incidencia inflacionaria de los alimentos del último año. La inflación alimentaria de 2026 no es una historia de productos exóticos ni de gustos prescindibles.
Hay un detalle adicional que debería quitarle el sueño a más de alguien en Teatinos 120: buena parte de esos productos —papas, zapallos, zanahorias, vacuno, huevos, pan— integran la Canasta Básica de Alimentos, esa lista de 79 productos con que Chile mide su línea de pobreza. Cuando sube la CBA, no sube un índice cualquiera: sube el umbral que define quién es pobre en este país. Un hogar puede terminar bajo la línea sin haber perdido un solo peso de ingreso, simplemente porque la olla se encareció más rápido que su sueldo. La inflación alimentaria no solo empobrece en los hechos; empobrece también en las estadísticas, y lo hará visible la próxima medición.
¿Y qué pasó entre mayo y junio para que la inflación de alimentos repuntara así? Pasó el bencinazo. El 26 de marzo, tras la modificación del MEPCO decidida por el Ejecutivo, los combustibles registraron el mayor ajuste de precios en décadas: las bencinas subieron cerca de $390 por litro y el diésel $580. Y aquí está el punto que el debate público sigue esquivando: el diésel no se paga solo en la bencinera. Se paga en el flete del camión que trae las papas desde el sur, en la cadena de frío del vacuno, en la logística mayorista de Lo Valledor. Diversas estimaciones sectoriales indican que el transporte puede representar alrededor del 20% del precio final de los bienes distribuidos por carretera, dependiendo del tipo de producto y de la cadena logística.
El shock de marzo era, con rezago de semanas, un shock alimentario anunciado. Los datos de junio son su primera confirmación estadística.
La regresividad opera entonces por partida doble. Primero, porque los hogares de menores ingresos destinan a alimentos una fracción de su presupuesto muy superior a la de los hogares de mayores ingresos, de modo que cada punto de inflación alimentaria golpea más abajo que arriba. Y segundo, porque las medidas de mitigación del plan gubernamental —congelamiento de tarifas del transporte público, subsidios a taxistas, parafina de invierno— compensaron el efecto directo del alza, el que se ve, pero dejaron intacto el efecto indirecto: el que viaja escondido en el precio del kilo de papas. Se protegió el pasaje de micro y se desprotegió la olla. Esto no es un accidente estadístico; es una decisión de gobierno.
Cuando el Ejecutivo optó por traspasar íntegramente el diferencial del MEPCO a los consumidores, asumió —o debió asumir— que el diésel es un insumo transversal de la cadena alimentaria, y que su alza se convertiría en inflación de alimentos con nombre y apellido: el de los hogares vulnerables.
Cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebra el ajuste al mecanismo del MEPCO, afirmando que este cambio legal permitió al fisco un ahorro cercano a los US$1.000 millones, olvida, o decide no decir, que ese ahorro lo pagan los ciudadanos, y lo siguen pagando en el almuerzo de cada día.
Felipe Díaz Bórquez
Ingeniero Civil Electrónico (USM)
MSc. en Gestión Sustentable de Recursos (Technische Universität München)
