La falsa compasión que abandona a los chilenos: la inversión moral del país

La propuesta de crear un registro de vándalos ha provocado diversas reacciones, pero una, sin duda, era tan predecible como reveladora.

Antes de conocer el contenido definitivo del proyecto, ya surgieron voces preocupadas por las consecuencias que podría enfrentar quien destruye bienes públicos, agrede a funcionarios, paraliza ciudades o transforma los espacios comunes en escenarios de violencia y desorden. Una vez más, para la izquierda política, la principal preocupación no son las víctimas de estas conductas, sino quienes las cometen.

Ese es el verdadero problema de fondo. No estamos discutiendo solamente sobre un registro o una sanción accesoria. Cada vez que una turba destruye una estación, lanza piedras, raya monumentos o propiedad privada, bloquea el libre tránsito en las calles o convierte una protesta legítima en vandalismo, existen víctimas reales. Y no son los manifestantes.

Son los trabajadores que no llegan a sus empleos, los comerciantes que ven destruido el esfuerzo de años, los vecinos que pierden la tranquilidad de sus barrios, las familias que observan cómo el espacio público se deteriora y los Carabineros mandatados a contener el orden público, que son puestos en el banquillo de los acusados por cumplir su deber.

Sin embargo, cuando se plantea una sanción efectiva, el debate cambia de foco. La conversación deja de girar en torno al daño causado y pasa a centrarse en la incomodidad que podría experimentar quien decidió causarlo. Y, claro, reaparece el argumento de la izquierda, que ya he abordado y desmitificado, de que aumentar las penas constituye populismo penal.

Se nos dice que restringir beneficios sociales sería una medida excesiva, que sería clasista. Pero olvidamos una verdad elemental: toda sociedad democrática se sostiene sobre derechos y deberes. Los derechos son esenciales, pero también lo es la responsabilidad individual. De lo contrario, la convivencia se convierte en una calle de un solo sentido, donde el que no baila no pasa. ¿Y si respaldamos esa lógica, cuál sería el incentivo para continuar siendo un chileno de bien?

La izquierda intenta instalar en el debate la pregunta de por qué no se sanciona con igual severidad a quienes cometen delitos económicos o actos de corrupción. Parece que olvidan que gobernaron por cuatro años y no presentaron ninguna medida que se acercara a esta nueva solicitud, que parece más un argumento para mantener el estatus quo.

Además, la insuficiencia de una pena jamás puede transformarse en argumento para eliminar o ignorar otra. La impunidad de unos no justifica la impunidad de otros.

Nuestro país necesita recuperar una convicción: debemos proteger primero a quienes respetan la ley y el derecho ajeno. La verdadera compasión no consiste en justificar permanentemente al infractor. La verdadera ayuda consiste en defender a las personas honestas, que cumplen sus deberes, respetan las normas y sostienen con su trabajo el funcionamiento de la sociedad.

Nuestro país no necesita más excusas para proteger al vándalo de las consecuencias de sus actos; necesita proteger a los ciudadanos de las consecuencias del vandalismo.

Jaime Beltrán
Asesor Legislativo y Político