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Hay leyes que representan un avance importante en el reconocimiento de derechos, pero cuyo verdadero valor depende de su capacidad para transformar la vida de las personas. Ese es el caso del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Reconocer el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado fue un paso necesario, pero ese reconocimiento pierde parte importante de su sentido si no va acompañado de respuestas concretas, oportunas y que lleguen a todos los territorios del país.
La reciente discusión para perfeccionar la Ley Nº 21.805 apunta precisamente en esa dirección. Todo sistema público debe ser capaz de corregirse, fortalecerse y adaptarse a la realidad que enfrenta. En materia de cuidados, esa realidad tiene un rostro muy claro: miles de familias que, durante años, han sostenido en silencio una labor indispensable para la sociedad.
Detrás de cada cuidador hay una historia de sacrificio. Son madres que dejaron sus trabajos para acompañar a un hijo con discapacidad; hijas que renunciaron a su desarrollo profesional para cuidar a sus padres; adultos mayores que continúan haciéndose cargo de familiares dependientes pese al desgaste físico y emocional que ello implica. Durante demasiado tiempo, el cuidado fue una tarea invisible, asumida casi exclusivamente dentro del hogar y con escaso respaldo del Estado.
Las cifras hablan por sí solas. A mayo de 2026, más de 266 mil personas estaban registradas como cuidadoras en Chile, y el 77,4% pertenece al 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, el cuidado no solo tiene rostro de mujer; también tiene, con demasiada frecuencia, rostro de pobreza.
En La Araucanía esta situación es aún más evidente. El 83,5% de las personas cuidadoras registradas pertenece al 40% más vulnerable del país, una de las cifras más altas a nivel nacional. Pero, además, cuidar en nuestra región significa enfrentar desafíos adicionales: grandes distancias, sectores rurales aislados, problemas de conectividad y dificultades para acceder a servicios de salud o apoyo especializado.
Por eso, un Sistema Nacional de Cuidados no puede diseñarse únicamente desde Santiago ni evaluarse por la cantidad de programas creados. Su éxito debe medirse por la capacidad real que tenga para llegar hasta la puerta de quien necesita apoyo, especialmente en las regiones donde las brechas geográficas son más profundas.
El principio de igualdad no consiste en ofrecer exactamente lo mismo a todos. Consiste en comprender que existen realidades diferentes y que quienes enfrentan mayores barreras requieren también un mayor respaldo. Esa es la verdadera justicia social.
Fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados no es solo una mejora administrativa ni un ajuste legal. Es una señal de que el Estado comprende que cuidar también merece ser cuidado. Que quienes han sostenido, muchas veces en silencio, la dignidad y bienestar de sus familias, no pueden seguir enfrentando esa responsabilidad en soledad.
El desafío ahora es que este compromiso no quede únicamente escrito en una ley. Debe traducirse en servicios, apoyos, cobertura geográfica y acompañamiento efectivo. Porque reconocer a las personas cuidadoras es importante, pero mucho más importante es demostrarles, con acciones concretas, que el país también está dispuesto a cuidar a quienes han dedicado su vida al cuidado de otro.
