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El actual gobierno propone generar un “listado de vándalos” con el objetivo de castigarlos mediante la eliminación de sus beneficios sociales de cualquier tipo. Eso requiere reflexiones y algo más que la mera opción de aceptar o rechazar la idea.
¿Quién son los vándalos?
Suevos, Alanos y Vándalos fueron los tres primeros pueblos germanos significativos que llegaron a la península ibérica en el año 409 de la Era Común (allí vivían los íberos, que ya se estaban mezclando con los celtas, inmigrantes pacíficos). La entrada de los vándalos significó cambios enormes en la forma de vida de los primitivos habitantes, muchos de ellos ya romanizados, e incluso de los primeros grupos de tribus indoeuropeas que estaban habitando la zona.
De inmediato el reino vándalo se extendió al norte de África. Haciendo caso omiso de las advertencias romanas sobre la paz imperial, su gran líder Genserico atacó duramente a la aristocracia local y confiscó los bienes de las autoridades cristianas. Éstas se convirtieron en sus peores enemigas y el pueblo cristiano, amagado por la autoridad real, mantuvo sin embargo enclaves de resistencia y oposición a estos invasores. Los vándalos terminaron destruyéndose a sí mismos producto de la corrupción y las luchas de sucesión.
En nuestro lenguaje corriente, la expresión “vándalos” hace referencia a quienes actúan generando destrozos o daños en bienes públicos y privados o cuyo comportamiento violenta las costumbres sociales, violando reglamentos y leyes e incluso cometiendo delitos.
La propuesta de Kast
El actual gobierno encabezado por Kast, como parte de su estrategia, ha propuesto generar un “listado de vándalos”, es decir de personas que tienen comportamientos antisociales sean o no delitos, con el objetivo de castigarlos mediante la eliminación de sus beneficios sociales de cualquier tipo.
Los gobiernos, las instituciones, las empresas, las personas, pueden hacer los listados que quieran para su uso propio. Yo hago listas de escritores para enviarles invitaciones o difundir mis escritos entre colegas. Hago listas de políticos a quienes enviar estos comentarios. Hago listas de canciones, de compras, de películas que me interesa ver, de libros que quiero comprar o que ya tengo en mi nutrida biblioteca.
Un amigo decía que cierto político que llegó a la presidencia de la República hacía listas en una pequeña libreta de todos los que lo criticábamos con dureza, con el objeto de no olvidar que debían ser excluidos de todo nombramiento público o en su partido.
El riesgo de los listados
Pero cuando esas listas pasan a ser oficiales, es decir, respaldadas abiertamente por el poder político o incluso legalizadas, las consecuencias pueden ser muy distintas.
Por cierto, ya no estamos viviendo aquella situación que padecimos durante la dictadura.
En aquellos tiempos se hacían listados de quienes eran considerados enemigos del régimen. Una lista de cantantes, músicos, artistas plásticos, escritores a cargo de una oficina especial en la sede gubernamental significó exclusión, marginación, persecución e incluso la represión (encarcelamiento arbitrario, tortura, muerte o desaparición) de muchísimos de quienes fueron incluidos en esa nómina.
Llegaban a integrarla, tanto por sospechas, denuncias anónimas, relaciones de parentesco, vinculaciones políticas directas o indirectas. Otros listados eran de políticos o de abogados que creían en la necesidad de defender los derechos humanos y nos atrevíamos a criticar a las autoridades que los violentaban. Y así suma y sigue.
Hoy eso no existe.
Las sanciones ideadas
Se propone “sólo” quitar derechos sociales, se ha dicho.
¿Cuáles son esos derechos? ¿Gratuidad universitaria?
¿Pensión garantizada universal?
¿Derecho a acceder a las garantías explícitas de salud (GES, AUGE)?
¿Acceso a la educación?
¿Acceder a trabajos que directa o indirectamente tengan financiamientos estatales?
¿Postulación a fondos de cultura?
La preguntas que se debe responder
Las preguntas en el fondo son cruciales
¿Qué es “vandalismo” para esta proposición?
En esa lista podrán poner a los que hacen pinturas callejeras sin autorización de los propietarios de las viviendas, a los que destrozan monumentos o edificios públicos o privados. ¿Y los que transitan por la calles a exceso de velocidad poniendo en riesgo a otras personas o provocando accidentes graves? ¿Y los que infringen normas tales como andar en bicicleta por las veredas o tomarse un local universitario para luchar por alguna causa?
¿Quién fija los límites de inclusión en el listado, quién hace el listado, cuáles son sus criterios y cuáles son los parámetros para las sanciones?
Delitos, faltas o simples actos incorrectos
Si las conductas son delitos o faltas, tal vez habría que poner penas accesorias en la ley.
¿Y si no lo son?
Todo quedará a criterio de funcionarios que son controlados a posteriori, pero no hay control previo para el daño que se puede provocar. Podemos imaginar centenares de situaciones en las cuales todo esto puede derivar en arbitrariedades e injusticias, al mismo tiempo que muchas otras quedan sin control ni medida (secreto bancario de por medio).
Haga las listas que quiera, pero no las convierta en instrumentos para sancionar sin respaldo judicial. Porque decir “vandalismo” para una conducta, puede ir desde pedir dinero en el Metro hasta cometer todo tipo de delitos.
¿Serán incivilidades o vandalismo aquellas conductas groseras, prepotentes, altaneras que vemos en tantos lugares, incluso en servicios públicos, tiendas y otros lugares de acceso público?
¿Serán consideradas en ese listado quienes actúan con prepotencia por su condición social o económica en contra de otras personas?
El riesgo
Esta proposición que a las mayorías puede parecerle atractiva, lo que hace es abrir una puerta de riesgos que termine en la arbitrariedad completa por parte de la autoridad de turno. Porque las listas de personas y de conductas se van manejando según el gusto de quien las maneja.
La pregunta que me hago es si quienes las proponen y las aprueban, les parecería bien eso mismo si triunfara en Chile una corriente política similar a la que gobernó Venezuela reciente o la Alemania de hace 80 años, la que gobierna en Cuba o Nicaragua o cualquier otra que no les guste. ¿Se considerará vándalos a cualquiera que se oponga a los poderosos?
Por ahí va la reflexión en torno al tema.
En conclusión, lo más peligroso de este proyecto es que los derechos humanos claramente entran en cuestionamiento, dejando las garantías constitucionales supeditadas a los criterios y la voluntad de quienes gobiernan.
