Pan para hoy, catástrofes para mañana

Preocupación han generado diversas declaraciones e incluso resoluciones del Gobierno en materia socioambiental durante su primer mes en ejercicio. Pese a la abundante evidencia científica disponible sobre las decisiones necesarias para enfrentar, mitigar y frenar el avance de la crisis climática en los territorios, el Ejecutivo parece haber optado por mirar hacia otro lado y perseguir una sola meta: aumentar la inversión en el país, incluso si ello implica hipotecar su futuro.

De otro modo, cuesta entender, por ejemplo, la decisión de retrotraer más de 40 decretos ambientales -de los cuales, pese a la promesa de reingresarlos en su totalidad, solo cinco han avanzado hacia Contraloría- o, peor aún, que un ministro de Vivienda y Urbanismo, de quien se espera comprensión tanto de la urgencia habitacional como de la importancia de los entornos donde esta debe resolverse, critique una supuesta “mala interpretación” de la Ley de Humedales Urbanos, normativa que sería responsable de una imaginaria escasez de suelo para construir viviendas en Valdivia. Más grave aún es que, pese a la desmentida de autoridades locales, académicos y especialistas, el ministro no haya querido rectificar sus afirmaciones.

De hecho, según la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, la comuna dispone de más de 140 hectáreas aptas para el desarrollo de soluciones habitacionales dentro del radio urbano. No existe, por tanto, justificación para instalar la falsa necesidad de construir sobre humedales. Hacerlo no solo atentaría contra un patrimonio natural invaluable, sino que también sería una pésima decisión económica e, incluso, en materia de seguridad: las viviendas levantadas sobre humedales rellenados podrían inundarse o sufrir graves daños ante movimientos sísmicos debido a la licuefacción del suelo.

Hoy parece más importante que nunca recordar el valor de los humedales, no solo para la conservación ambiental, sino también para la calidad de vida de las personas. Aunque cubren cerca del 6% de la superficie terrestre, albergan al menos al 40% de las especies de plantas y animales del planeta. Además, ayudan a regular la temperatura de las ciudades, aumentan la humedad del suelo, amortiguan las olas de calor, capturan CO2 y funcionan como barreras naturales frente a eventos extremos, absorbiendo lluvias intensas, reduciendo inundaciones y mitigando el impacto de marejadas en zonas costeras.

Pese a lo anterior, los humedales se cuentan entre los ecosistemas más degradados del planeta. Se estima que en los últimos 50 años ha desaparecido el 35% de ellos a nivel mundial, a un ritmo tres veces más acelerado que el de los bosques.

Mientras los meteorólogos alertan de la inminente llegada en los próximos meses del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés), que podría además instalarse de forma bastante agresiva en el país (lo que se ha denominado Niño Godzilla) y que podría implicar eventos meteorológicos extremos como lluvias intensas, aluviones e inundaciones, llama la atención que una autoridad de gobierno critique precisamente el cuidado de los ecosistemas que nos pueden proteger frente a los impactos de estos fenómenos. Y más, cuando esa autoridad es la responsable del urbanismo de nuestro país.

Es cierto que Chile enfrenta una necesidad urgente de generar más y mejores soluciones habitacionales, que sean también asequibles para las miles de familias que las esperan. Pero insistir en contraponer esa deuda social con la protección ambiental es construir un conflicto artificial.

Los datos no sólo muestran que ambas urgencias pueden y deben abordarse al mismo tiempo, sino también que la definición de no hacerlo puede provocar, irremediablemente, nuevos problemas. E, igualmente alarmante, es la develada intención de la autoridad de construir sobre estos espacios, con todos los riesgos que esto puede representar tanto para los futuros habitantes de esas viviendas, como para el propio presupuesto del país (que esta administración dice querer cuidar).

Lamentablemente, esa parece ser la estrategia de algunas autoridades: instalar falsas dicotomías, tensionar el debate público y relativizar la evidencia. El error más grave de esta forma de polemizar es que no hay forma de lograr acuerdo cuando las autoridades se atrincheran en medias verdades, por lo que no es posible generar gobernabilidad, y son las personas las que más sufren las consecuencias de aquello.

Un segundo gran problema es que las aparentes ganancias de corto plazo -más rapidez, menos regulación y “destrabar la pelota”- suelen transformarse en costos enormes en el mediano y largo plazo: ciudades más inseguras, infraestructura vulnerable, mayor desigualdad y comunidades expuestas a desastres evitables.

Chile no necesita elegir entre viviendas y naturaleza, entre desarrollo y protección, entre crecimiento y bienestar. Lo que necesita es visión de futuro. Construir las ciudades del mañana exige superar los discursos simplistas y apostar por territorios donde el acceso a la vivienda conviva con áreas verdes, humedales protegidos, infraestructura resiliente y comunidades más seguras. Porque cuidar la naturaleza no es un obstáculo para el progreso: es la condición indispensable para que ese progreso perdure.